Ir a Menú

Ir a Contenido

Universidad Anahuac

No hay política pública criminal en el estado: Correa García

Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los diferentes niveles de gobierno carecen de directriz global Incongruencia en la capacitación de policías y la realidad del sistema Requieren de nuevas instituciones de procuración de justicia

Ram?n Moreno Alvarado Xalapa, Ver. 12/07/2006

alcalorpolitico.com

Sergio Correa García, doctor en criminalística rechazó que el Estado Mexicano tenga un política criminal, “lo que llama políticas públicas son decisiones aisladas, decisiones mediáticas que se adoptan porque un grupo social, económico o político presiona para parchar el Código Penal, pero no hay una directriz, una racionalidad uniforme”.

Entrevistado previamente a su conferencia magistral sobre criminalidad emergente en el auditorio Silvestre Moreno Cora, el especialista criticó que el problema es en los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial y en los tres niveles de gobierno: el municipal, estatal y federal, porque las bases de nuestro sistema penal se construyeron en 1930.

Explicó que el Poder Ejecutivo falla en que la prevención del delito porque el crimen organizado lleva dos pasos delante que los organismos de seguridad pública y cuando se les capacita a los policías lo que se enseña en las academias es completamente diferente de lo que en realidad ocurre en las Agencias del Ministerio Público, por ello para profesionalizarlas se requiere construir una licenciatura en Policiología con especialidades y posgrados en delitos.

En la procuración de justicia, añadió, también enfrentan deficiencias por eso se plantean cambios en las instituciones que ahora nos rigen como darle autonomía al Ministerio Público, los juicios orales, mediación de la conciliación y otros cambios para agilizar los procedimientos y reducción de penas que finalmente impactaría en el cabuz del problema, que es la profunda reforma en el sistema penitenciario que no rehabilita a los infractores.

Correa García, comentó que la responsabilidad del poder legislativo en la ausencia de políticas públicas, es que no provee de mecanismos legales eficaces para la procuración de justicia y a los perseguidores de delincuentes y a quienes previenen los delitos, además de la verdadera readaptación social.

Al referirse a la responsabilidad del poder judicial, el doctor en derecho mencionó que deben los magistrados, jueces y secretarios especializarse en el juzgar sobre los delitos porque actualmente lo hacen con todos los delitos.