No más “jubilados jubilosos”; 35 mil pesos el tope máximo a pensionados

Finalmente, dirigentes de los sindicatos que integran el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones, concluyeron el anteproyecto de reforma a la Ley de Pensiones del Estado con propuestas que contemplan el tope máximo del monto de las jubilaciones de 26 salarios mínimos, equivalente a 35, mil pesos; el incremento de la edad para la pensión por jubilación de 60 años, con 30 años de servicio mínimo y extender los préstamos a mediano plazo como una nueva prestación a los trabajadores.

Asimismo, el anteproyecto que fue entregado al Gobernador Fidel Herrera Beltrán para su análisis y posterior envío al Congreso, establece la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento para la Institución, así como que se inviertan en bonos emitidos por el Gobierno Federal, las reservas del Instituto en un 50 por ciento y en el monto restante de éstas se apliquen al fortalecimiento de la cartera de préstamos e inversiones directas.

Este anteproyecto de Esquema Normativo fue expuesto por los representantes magisteriales Ricardo Diz Herlindo, del SUTSEM; Enrique Levet Gorozpe, de la FESAPAUV y Luis Sarabia Olguín, de la Sección 56 del SNTE, quienes explicaron al Ejecutivo Estatal que los cambios no contemplan sustitución, transformación o modificación en los servicios y en las prestaciones, dado que buscan eficientar al organismo sin alterar su concepción, procurándose la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento para la Institución.

Sobre el tope máximo del monto de las jubilaciones, proponen el de 26 salarios mínimos, lo que representaría aproximadamente $35,000, con lo cual se acabará con las “jubilaciones jubilosas” como así llamó Levet Gorozpe, alguna vez a las pensiones excesivas que algunos jubilados reciben.

Al mismo tiempo, expresaron los dirigentes, se incrementa la edad para la pensión por jubilación de quienes en lo sucesivo se incorporen a la población beneficiaria del Instituto, siendo a partir de la aprobación de las reformas dicho límite de 60 años, con 30 años de servicio como mínimo. Anotaron también que la reforma que se propone no afecta la naturaleza del IPE, ya que mantiene sus funciones fundamentales e incrementa sus facultades fiscalizadoras para fortalecer el funcionamiento y el financiamiento de la Institución.

De igual manera, plantearon que la propuesta mantiene un procedimiento de solidaridad intergeneracional, al aplicar el 80 por ciento de las reservas que en el nuevo régimen se irán constituyendo a las erogaciones presupuestales del IPE, lo que no impactará en forma negativa la prestación de sus servicios.

Otra propuesta se refiere a extender los préstamos a mediano plazo como una nueva prestación a los trabajadores, a la vez que sea un mecanismo para capitalizar las finanzas del Instituto y, consecuentemente, que las reservas del Instituto en un 50 por ciento se inviertan en bonos emitidos por el Gobierno Federal y en el monto restante se aplique a fortalecer la cartera de préstamos e inversiones directas.

Por todo esto, Herrera Beltrán se comprometió a respaldar en lo fundamental el texto consensuado entre los representantes de organizaciones de trabajadores al servicio del Gobierno y de la Universidad Veracruzana, e instruyó en el acto a la Secretaría de Finanzas y Planeación y a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado aplicarse a la redacción final de los preceptos de Ley por reformarse para el efecto de que en los próximos días puedan ser planteados ante el Congreso del Estado.