“El futuro de la Universidad Veracruzana no puede decidirse de espaldas a quienes la sostienen”, advirtió la consejera alumna María Elena Bamonde Acosta al fijar postura en contra de la prórroga por cuatro años solicitada por el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez y exigir un proceso de consulta real, transparente y con participación efectiva del estudiantado.
El Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana (UV) sesionó este viernes para abordar, entre otros asuntos, la solicitud de prórroga presentada por el Rector, con la cual busca prolongar su periodo al frente de la institución por cuatro años más.
Durante la sesión, la Consejera Alumna de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en representación de estudiantes de la región Xalapa, dio lectura a un pronunciamiento en el que se rechazó la continuidad del actual rectorado y se denunció la falta de diálogo, el retraso en la emisión de la convocatoria y un ambiente institucional adverso hacia la crítica.
En su intervención, Bamonde sostuvo que “no pedimos privilegios ni buscamos imponer una postura, pero sí exigimos ser escuchados porque el futuro de la Universidad Veracruzana no puede decidirse de espaldas a quienes la sostienen”. Lamentó que la administración encabezada por Aguilar Sánchez, que se presentó como “prometedora”, solicite una prórroga sin evaluación previa. “Es preocupante que una administración que prometió tanto esté pensando en prorrogar el periodo y que la Junta de Gobierno avale una legalidad en esta petición sin realizar una debida indagación de todas las acciones realizadas”, dijo.
El pronunciamiento advirtió sobre un clima adverso a la crítica dentro de la institución. “Nos solidarizamos con quienes han ejercido su derecho a disentir y llamamos a preservar un ambiente donde la crítica se entienda como un acto de compromiso con la universidad, no como una amenaza”, expresaron los representantes estudiantiles. Entre aplausos, distintas voces aclararon a Martín Aguilar que no desean la extensión de su periodo.
Denuncian acoso
Por su parte, el consejero alumno de la Facultad de Ciencias Químicas, Emanuel Fernández Velázquez, denunció que funcionarios han citado a estudiantes “a través de redes sociales como WhatsApp”, lo cual calificó como “inapropiado y poco institucional”.
Señaló que esta práctica “no garantiza la transparencia en la comunicación” y puede ser percibida como una forma de presión. Exigió que las convocatorias se realicen mediante correo institucional y con información clara sobre los temas a tratar.
Fernández advirtió que cualquier intento de intimidar o acosar a los consejeros para influir en su postura “violenta directamente nuestros derechos universitarios a la toma de decisiones y libre expresión”. Por ello, llamó a respetar la autonomía estudiantil y demandó que los representantes sean tratados “con respeto y la dignidad que merecemos”.
Por su parte, el maestro Axel Manuel Navarro Hernández, consejero por la Facultad de Psicología, presentó un posicionamiento respaldado por 32 docentes de esa comunidad. “Rechazamos la solicitud de prórroga del actual rector y el recurso de consulta al proceso de prórroga que emitió la Junta de Gobierno el 4 de junio”, sostuvo. Añadió que no existe procedimiento alguno en la normativa universitaria vigente que contemple una prórroga sin una nueva designación conforme al reglamento.
La consejera maestra Teresita del Niño Jesús Aguilar López, en representación de la Facultad de Medicina, se sumó a la postura crítica. “Solicitamos formalmente al pleno del Consejo Universitario (…) que no se acepte el ingreso como punto a tratar cualquier asunto relacionado con la petición de prórroga”, declaró. Argumentó que el Consejo no tiene atribuciones para participar en procesos de designación o continuidad de la Rectoría.
En nombre del Instituto de Ciencias de la Salud, la académica Betzaida Salas García pidió que se respete el proceso ordinario de designación rectoral. “El personal académico del Instituto de Ciencias de la Salud no manifiesta estar de acuerdo con la solicitud de prórroga del señor Rector, por lo que hacemos una invitación a que el señor rector participe en los procesos de designación que cada cuatro años realiza la Junta de Gobierno”, indicó.
El consejero maestro de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Daniel López Lima, solicitó que “se permita a los académicos que quieran hacer uso de su derecho a la libertad de expresión participar en la marcha que se está convocando para el lunes en contra de la prórroga, sin que tengan consecuencias por no encontrarse en su área de trabajo durante el tiempo que dure esta marcha”.
El consejero investigador León Felipe Beltrán Guerra, del Instituto de Investigaciones Psicológicas, leyó un pronunciamiento firmado por 13 académicos en el que advirtió que “no podemos quedarnos callados cuando lo que está en juego es la autonomía, la legalidad y el sentido ético de nuestra universidad”. Señaló que no están de acuerdo con la prórroga “no porque sea algo personal, sino porque no se puede normalizar un procedimiento que se siente forzado, opaco y fuera de lo que debería ser un proceso legítimo y transparente”.
Beltrán sostuvo que la comunidad académica quiere “seguir defendiendo una universidad crítica, honesta y comprometida con el conocimiento, no con arreglos en lo oscuro”. Finalmente, hizo un llamado “respetuoso, pero firme a todas y todos los universitarios, así como a la sociedad veracruzana, a mantenerse atentos y exigir que las decisiones sobre el futuro de nuestra casa de estudios respondan al interés público y al bienestar colectivo”.
Por su parte, el consejero maestro Rodolfo Parra Ramírez, de la Facultad de Antropología, compartió el posicionamiento de su comunidad académica, que se ha negado históricamente a respaldar candidaturas al cargo de Rector: “Estamos convencidos de que el sistema de elección no se apega al ejercicio pleno de la autonomía universitaria y al ejercicio democrático que la misma implica”, señaló.
En ese contexto, Parra propuso que el Consejo Universitario General, “una vez iniciada la administración 2025-2029, analice nuevamente y tome en cuenta los hechos actuales para reformar la propuesta de la Ley Orgánica”, con el fin de adecuar los mecanismos de designación conforme a principios de democracia interna y autonomía institucional.
Miguel Ángel Casillas, del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, rechazó la prórroga solicitada por el Rector al señalar que “viola la ley orgánica” y representa “una aberración jurídica”.
Aseguró que “profesores que fueron integrantes del gobierno de la universidad en distintas épocas, exrectores y exdirectores de Derecho han reclamado públicamente las irregularidades” y convocó a la comunidad a manifestarse. “Invito a que marchemos el lunes en contra de la prórroga y que nos manifestemos públicamente”, expresó.
Carlos Manuel Welsh Rodríguez, del Centro de Ciencias de la Tierra, exhortó a que la Junta de Gobierno emita la convocatoria para elegir nuevo rector o rectora: “Exhorto al Consejo Universitario General a que si también hay otros candidatos que puedan presentarse, la Junta de Gobierno escuche el programa de trabajo”. Recordó que 17 miembros de la comunidad universitaria firmaron un llamado en ese sentido.
Otros sí apoyaron al Rector
Por su parte, Antonio Reyes, consejero alumno del sistema abierto de la Facultad de Derecho, expresó su apoyo al Rector: “Apoyamos la solicitud del rector por sus resultados y porque sabemos que formamos parte de sus proyectos”, aunque también llamó al respeto y a elevar el nivel del debate institucional. “Solicitamos de la manera más atenta elevar el debate y la comunicación, teniendo en cuenta siempre que la razón siempre será más fuerte que cualquier grito u ofensa”, dijo ante el pleno del Consejo.
Armando Aguilar Meléndez, consejero exoficio de la Facultad de Ingeniería Civil, defendió la competencia de la Junta de Gobierno: “Claramente estamos abordando una solicitud inédita, pero que ha seguido el camino correcto a través de las autoridades competentes”. Afirmó que la decisión corresponde exclusivamente a dicho órgano, integrado por personas designadas por el propio Consejo Universitario.
A su vez, la doctora María Isabel Gómez Anel, consejera exoficio del Sistema de Enseñanza Abierta, opinó desde su experiencia como abogada que “la petición formulada por el señor Rector es un derecho legítimo toda vez que está prevista en la normatividad universitaria”. Consideró que el procedimiento no representa una violación legal y descartó que se trate de una reelección.
En defensa de la solicitud de prórroga, la doctora Clara Celina Medina Sagaón, consejera maestra de la Facultad de Odontología en Poza Rica, aseguró que “hay un vacío jurídico” que permite a quien la solicitó ejercer su derecho a ser escuchado. “Tenemos derecho, así como nos han invitado a manifestarnos, también demos derecho a que la Junta de Gobierno, que es a la que le corresponde decidir, lo haga sin presiones”, sostuvo.
Desde la región Coatzacoalcos-Minatitlán, la consejera exoficio Isabel Torres Zugaide, de la Facultad de Medicina, respaldó la gestión del actual Rector: “En esta administración rectoral se ha dado un realce a las regiones como nunca antes se había visto”. Destacó que su facultad tiene “una eficiencia terminal del 98%” y que sus egresados “tienen un empleo en no menos de un mes”.
El director de la Facultad de Medicina región Veracruz, Julio César Viñas Dozal, se sumó al respaldo: “El proceso de prórroga que el señor rector está solicitando está dentro de la legalidad”. Añadió que “los criterios orientadores del sistema de evaluación están plasmados en nuestros planes” y que la actual gestión es congruente con lo que demandan las políticas públicas.