Las denuncias interpuestas por la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz (SEDESOL) por anomalías cometidas durante el pasado Gobierno yunista han sido solamente por faltas administrativas, por lo que no se espera recuperar ningún monto de dinero.
Así lo confirmó el propio titular, Guillermo Fernández Sánchez, quien señaló que las denuncias avanzan unas más lentas que otras.
En entrevista, el actual titular de SEDESOL precisó que las acciones iniciadas fueron por faltas administrativas y no por desvío de recursos.
“No estamos tratando de conseguir montos como tal, simplemente faltas que se hicieron que teníamos la obligación de reportarlas, de denunciarlas y es justamente lo que estamos haciendo”, sostuvo.
Fernández Sánchez enfatizó que todos los procesos toman su tiempo, de ahí que no dependa de ellos si llegan a término o no.
“No está en nuestras manos. Ya son los tribunales, las áreas que se dedican a impartir justicia”, precisó.
El funcionario dijo que en algunos casos han tenido que ratificar las denuncias, pues las personas señaladas como perpetradoras de los posibles actos al margen de la ley, también tienen derecho de interponer sus propios recursos.
Por ello es que, en algunos casos, indicó, se ha tenido que presentar nuevamente la información y están a la espera del desenlace de cualquiera de estas denuncias.
“En general sí hemos visto que con este gobierno se le ha dado más impulso y seguimiento a este tipo de demandas”, reiteró.
Denuncias contra el yunismo
En junio de 2019, la SEDESOL presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “por irregularidades en la ejecución de los trabajos de un contrato de obra pública establecido por la pasada administración estatal”.
Se trataba de anomalías con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018.
Según informaran las autoridades, con 32 millones 427 mil 527 pesos se debieron construir cuartos-dormitorio para los municipios de Acayucan, Chinameca, Jesús Carranza, Mecayapan, Oluta, Pajapan, Sayula de Alemán, Soteapan y Zaragoza.
La actual SEDESOL procedió contra pasados funcionarios por los delitos contra el servicio público, por incumplimiento de un deber legal, por reportar avances en el proceso que no correspondía a lo efectuado “y, como consecuencia, por realizar pagos en exceso sin aplicar las penas convencionales, causando un daño patrimonial al Estado”.
Los trabajos debieron ejecutarse del 30 de abril al 11 de septiembre de 2018, pero la empresa contratada incumplió y mintió con el avance logrado.
Además, en septiembre de aquel año la misma dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presunta adjudicación directa para Conservación y Mantenimiento de Bienes Informáticos.
“Se detectó la simulación del procedimiento de adjudicación directa SEDESOL-ADJ-010-2017. El contrato fue de 4 millones 771 mil 574 pesos, aproximadamente, relativo a la conservación y mantenimiento de una plataforma y un supuesto padrón de beneficiarios que jamás existió”,
informaron en aquel entonces.