21 aspirantes a Fiscal Anticorrupción de Veracruz llevaron sus propuestas al Congreso

Un total de 21 personas comparecieron ante la Comisión Permanente de Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Veracruz como parte del proceso de entrevistas para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Las y los aspirantes expusieron su experiencia en el servicio público, sus propuestas para fortalecer la institución y plantearon diagnósticos sobre la situación del combate a la corrupción en la entidad.

Stefhany Rosas Méndez afirmó que, de ser nombrada, impulsará una revisión estructural del organismo. “La primera acción que se propone es realizar un diagnóstico integral, saber en qué estatus se encuentra la fiscalía, ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas”, señaló. Agregó que propondrá “crear acuerdos de coordinación con todas las dependencias involucradas para que efectivamente se logren carpetas de investigación completas”.



Jorge David Flores Vargas dijo que su perfil combina experiencia jurídica y administrativa. “Cuento con la experiencia y la experticia de la investigación de presuntos actos y conductas antijurídicas, sobre todo en la materia penal y administrativa”, sostuvo.

“Pretendo impulsar acciones permanentes que aseguren capacitación, profesionalización y evaluación permanente y continua a tanto a servidores públicos en el ámbito estatal como en el ámbito municipal”, indicó entre sus propuestas.

Sandra Luz González Mogollón, actual fiscal especializada en delitos cometidos por servidores públicos, defendió la importancia de actuar con independencia. “La responsabilidad del titular siempre debe ser imparcial, sin partidos políticos, sin religión y la única prioridad debe ser y será siempre buscar esclarecer los hechos”, declaró.



Al ser cuestionada sobre la legislación vigente, respondió: “Se puede hacer un buen trabajo con las dos, actualizando o no actualizando. Si me preguntan personalmente, yo sí actualizaría”.

Fluvio César Vista Narváez propuso que la fiscalía centre su estrategia en la prevención. “La idea es llegar a que la fiscalía pueda ser un órgano preventivo y no un órgano sancionador, porque yo soy de la idea que de nada sirve que incrementen las sanciones; lo importante es prevenirlas”, expuso. Detalló que su plan incluye capacitación y fortalecimiento de la comunicación con servidores públicos.

Agustín Acuña Baizabal planteó que su gestión se caracterizaría por la transparencia y la imparcialidad. “No permitiré que la fiscalía sea usada como una herramienta política, ni será un espacio para encubrir intereses personales”, dijo.



Al responder sobre la extinción de dominio, explicó: “Se debe solicitar ante la autoridad jurisdiccional competente con base a investigaciones del por qué se quiere extraer la propiedad y así a su vez, a través de una sentencia firme o una resolución favorable al Estado (…) es como procede extinción de dominio”.

Guilebaldo Maciel Mercado consideró que el titular de la fiscalía debe predicar con el ejemplo. “La transparencia en este país es urgente y, de manera personal, tenemos que predicar con el ejemplo”, sostuvo. Señaló que, de ser elegido, su actuación estará sujeta al escrutinio público y del Congreso: “Pondré el ejemplo y estaré en el escrutinio público y por supuesto del Congreso”.

Enrique Rentería Zavaleta afirmó que su experiencia en el servicio público y el litigio lo respaldan para asumir la titularidad del órgano. “Creo contar con los valores, con el conocimiento, con la experiencia y la práctica profesional (…) para poder sacar adelante la Fiscalía de Combate a la Corrupción”, expresó. Añadió que la institución se encuentra pasiva y que “no vemos acciones contundentes para que en su momento Veracruz esté en los primeros lugares en materia de procuración de justicia”.



José Acosta Conde relató su paso por la entonces Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de Veracruz. “Toda mi estadía en esa institución lo fue precisamente en las áreas en materia de servidores públicos”, dijo. Al responder sobre la funcionalidad de los sistemas de control, sostuvo: “Me tocó separar a diversos servidores públicos que habían burlado esos filtros de control de confianza”, lo que, a su juicio, obliga a repensar nuevas estrategias.

Karla Gabriela Ochoa Uranga, abogada y contadora con experiencia en docencia y servicio público, señaló que buscaría modificar la percepción que tiene la ciudadanía sobre la fiscalía. “Muchas personas dicen: ‘No voy a ir a la fiscalía porque no tiene caso’. Son cuestiones muy tardadas y no llega a ningún punto”. Consultada sobre presiones políticas, respondió: “Con la pena le diría: ‘No se puede hacer’. Y absténgase de hacer eso porque si no, pues lo tendré que denunciar también por lo que está haciendo, porque eso es un acto de corrupción”.

Guillermo Hernández Isidro, actual fiscal en la misma institución, propuso fortalecer los vínculos con el Sistema Estatal Anticorrupción y aplicar principios de austeridad. “Velaré porque se haga cumplir lo establecido en el artículo 20 constitucional (…) que las carpetas de investigación que se inicien se realicen siguiendo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos”.
Bernabé Cerón Domínguez, fiscal visitador en la Fiscalía General del Estado, aseguró conocer a detalle las funciones del cargo que busca ocupar. “Tengo muy presente las funciones de la Fiscalía Especializada, las cuales están en la Ley Orgánica de la Fiscalía General en el artículo 35 ter, así como las funciones que tiene el fiscal titular de Combate a la Corrupción en el artículo 225 del Reglamento de la Ley Orgánica, que son 41 funciones, las cuales deben de ser cumplidas en estricto apego a la norma”, declaró.



Al responder la pregunta sobre el personal con que cuenta la fiscalía, dijo: “Cuenta con fiscales especializados en combate a la corrupción (…), peritos adscritos, policías ministeriales, un director, subdirector de asuntos y procesos penales, una secretaría técnica, un secretario privado, un titular de enlace y una unidad de análisis”.

David Fernández Demenegui, abogado con experiencia en fiscalización electoral, propuso como línea estratégica la participación ciudadana y la reducción de plazos procesales. “Creo que, al aspirar a ser fiscal anticorrupción, lo primero que tenemos que tener es la transparencia y la participación ciudadana”, afirmó. Entre sus propuestas mencionó que “lo primordial para mí serían esas tres acciones donde nosotros podamos implementar la propuesta de los ciudadanos y que los ciudadanos sean los que nos pongan los materiales”.

María Félix Osorio Domínguez, auditora en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, afirmó que impulsaría mecanismos de protección para quienes denuncian. “Creo que también una manera de combatir la corrupción es la protección de los testigos”, declaró. En su propuesta, enfatizó que “si se me da la oportunidad de llegar a la Fiscalía Anticorrupción, darle esa certeza a la ciudadanía de que si va a denunciar no va a haber represalias”.



Paula Morales Marín, jueza de control del Poder Judicial del Estado, afirmó que su vocación se ha forjado desde su niñez y a lo largo de su carrera en el derecho penal. “Estas habilidades y destrezas creo que pueden y están al servicio de los veracruzanos para que desde mi formación y mi experiencia podamos construir una nueva estructura en la titularidad de la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción”.

Al ser cuestionada sobre cómo conduciría una investigación, respondió: “Llevar a cabo actos de investigación tendientes precisamente a lograr el esclarecimiento del hecho. Y en el momento en que esto sea adecuado para presentarlo ante el órgano jurisdiccional competente, logremos precisamente que esa investigación tenga como fruto a quien ha delinquido”.

Ricardo Javier Carrillo Almeida, exfiscal regional y subprocurador, aseguró que actuaría con apego a la ley si se presentara una denuncia contra una persona cercana. “Si fuera un familiar directo, yo me excusaría de conocer de ese asunto. Primeramente, yo lo recibo, le doy gestión de trámite, acuerdo inicio y lo turno (...) a mi superior jerárquico”, explicó. Reiteró que su experiencia de 27 años en la entonces Procuraduría General del Estado le ha dado el conocimiento necesario para enfrentar el cargo.



David Solís Hernández, contralor municipal en Juan Rodríguez Clara, planteó que su prioridad sería reforzar la protección a denunciantes. “Hay que fortalecer la política pública en relación a los denunciantes protegidos que, si bien lo está haciendo de manera correcta la Fiscalía Anticorrupción, hay que fortalecer y hacer más fomento sobre esta información a la ciudadanía”, sostuvo. También señaló la necesidad de capacitar a todos los niveles del servicio público para reducir actos de corrupción.

Carlos Rafael Gómez Montalbán, exagente del Ministerio Público y exfuncionario del Congreso local, presentó tres acciones inmediatas que aplicaría si es designado. “La primera sería una evaluación de los compañeros para decidir la responsabilidad de cada uno de ellos y su capacidad”, señaló. Añadió que buscaría priorizar los casos con mayor daño patrimonial y fortalecer los canales para la recepción de denuncias.

Armando Riveros Fortuna, abogado litigante con 35 años de experiencia, sostuvo que la corrupción daña a las instituciones y a quienes buscan justicia. “Estoy convencido de que la corrupción realmente no es un mal necesario (…). La corrupción es un cáncer que perjudica realmente a la sociedad, que perjudica a los justiciables y que sobre todo también está dañando y acabando con las instituciones”, declaró. Agregó que un servidor público que actúa fuera de la ley incurre en actos de corrupción.



Juan Víctor González Flores, defensor de oficio y exmagistrado, planteó que el fenómeno de la corrupción debe verse como un problema transversal. “La corrupción no solo afecta a la buena administración pública, afecta también la seguridad social, afecta la seguridad económica, afecta la seguridad pública y la seguridad ciudadana”, expuso. Señaló que su estrategia contempla fortalecer la participación ciudadana y la especialización de los cuerpos ministeriales.

Erwin Tomás Martínez Godoy, exauditor y exsubsecretario de Seguridad Pública, propuso una estrategia basada en formación continua y herramientas tecnológicas. “El capital humano es lo más valioso que tenemos para la investigación de delitos (…) Un servidor público bien capacitado, bien fortalecido, con apoyos económicos para que pueda emprender estudios de posgrados”, afirmó. Añadió que impulsaría el uso de inteligencia artificial, cruce de información y trabajo interinstitucional.

Durante su exposición, Armando Ruiz Sánchez detalló su experiencia como funcionario en el Tribunal de Justicia Administrativa, la Consejería Jurídica del Estado y en la formación del Sistema Estatal Anticorrupción. Actualmente se desempeña como litigante y catedrático en diversas universidades.



Consultado sobre la aplicación de perspectiva de género, sostuvo: “Debe ser aplicado en todos los casos porque existe una visión transversal que todavía persiste en las instituciones del Estado mexicano, donde se debe considerar que todavía subsiste una diferenciación”. Aclaró que dicha perspectiva no debe generar desequilibrios procesales, pero sí atender las condiciones particulares de género conforme al marco constitucional y convencional.