Los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz encabezan las denuncias del fuero común por tortura en el país, al concentrar el mayor número de presuntos responsables registrados entre todas las entidades.
Lo anterior, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), que sitúa a la FGE, bajo el mando de la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, como una de las instituciones que registran mayor participación en este delito.
La información también expone que Veracruz es una de las entidades con mayor registro de expedientes relacionados con el delito de tortura y tratos crueles e inhumanos en México, tanto del fuero común como del federal. Con cifras del primero de enero de 2018 al 31 de marzo de 2025, a nivel nacional se han abierto 24 mil 174 expedientes por tortura, con un promedio de 755 casos por entidad.
La mayor concentración se registra en Veracruz, que aporta 13.9 por ciento del total con 3 mil 351 expedientes, seguido de Ciudad de México con 3 mil 42 (12.6 por ciento), Estado de México con 2 mil 228 (9.2 por ciento), Chihuahua con mil 709 (7.1 por ciento) y Oaxaca con mil 598 (6.6 por ciento). El reporte señala que en este periodo se abrieron 2 mil 460 expedientes en la entidad veracruzana con estadísticas del fuero común, cantidad que representa el 15.2 por ciento del total nacional.
En cuanto al fuero federal, en el país se han abierto 7 mil 957 expedientes, con un promedio de 249 por entidad federativa. La mayoría de estos casos se concentraron en Oaxaca, con 11.8 por ciento (940 expedientes); Veracruz, con 11.2 por ciento (891); Estado de México, con 8 por ciento (639); Durango, con 7.5 por ciento (598), y Jalisco, con 7 por ciento (556). En total, a nivel nacional se han abierto 19 mil 968 expedientes por tortura y 4 mil 206 por tratos crueles, lo que equivale a que por cada expediente de tratos crueles se inician 4.7 por tortura.
En cuanto a los tratos crueles e inhumanos, la mayor incidencia se registra en Veracruz, con 18.4 por ciento (773 expedientes); Durango, con 12.9 por ciento (544), y Nayarit, con 11.5 por ciento (482). En materia de víctimas, el RENADET ha registrado 31 mil 233 víctimas en expedientes abiertos por tortura o tratos crueles e inhumanos, lo que equivale a un promedio anual de 4 mil 308 víctimas y 1.3 víctimas por cada expediente iniciado.
El mayor número de casos se registró en Veracruz, con 15.3 por ciento (4 mil 790 víctimas); Estado de México, con 9.4 por ciento (2 mil 928); Ciudad de México, con 9.3 por ciento (2 mil 902); Chihuahua, con 7.9 por ciento (2 mil 457), y Oaxaca, con 7.5 por ciento (2 mil 349).
El reporte registra que 4 mil 87 personas fueron reconocidas como víctimas en Veracruz en el fuero común, equivalente a 17.7 por ciento del total nacional.
Se trata del porcentaje más alto entre todas las entidades federativas, seguido por la Ciudad de México, con 11.5 por ciento (2 mil 644); Estado de México, con 11 por ciento (2 mil 534); Chihuahua, con 10.1 por ciento (2 mil 340), y Quintana Roo, con 9.2 por ciento (2 mil 128).
Respecto al fuero federal, la mayor incidencia se registró en Oaxaca, con 15.4 por ciento (mil 254 víctimas); Durango, con 10.5 por ciento (859); Nayarit, con 8.7 por ciento (711); Veracruz, con 8.6 por ciento (703), y Morelos, con 4.9 por ciento (399). En relación con los presuntos responsables, el RENADET detalla que en Veracruz se registraron 2 mil 460 presuntos responsables en cuanto al fuero común, cifra que equivale a 16.6 por ciento del total nacional y coloca al Estado en el primer lugar a nivel federal.
El registro también precisa que, en cuanto a la adscripción institucional, los presuntos responsables reportados en el país se concentran en corporaciones como policías ministeriales, policías estatales y municipales. También se incluyen a centros penitenciarios y fiscalías locales, categorías en las que Veracruz tiene participación dentro de las cifras globales.
De esta manera, a nivel nacional la Policía Ministerial suma al 5.7 por ciento de presuntos responsables (mil 384 casos); a las Secretarías de Seguridad Pública estatales, con 5.1 por ciento (mil 254); a las policías municipales, con 3.6 por ciento (884); a otras instituciones, también con 3.6 por ciento (884), y a centros penitenciarios, con 0.9 por ciento (223).
El análisis metodológico del documento señala que las cifras son preliminares, debido a los procesos de validación y estandarización provenientes de las fiscalías estatales. El registro recibe actualizaciones permanentes que pueden modificar los datos conforme se integran nuevos elementos.