Aprueba el Congreso reforma para relevo en Fiscalía

El Congreso aprobó esta noche la reforma que modifica el proceso de designación, duración, ratificación y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, con lo que se perfila la salida de Verónica Hernández Giadáns del cargo.

El pleno validó en sesión nocturna el dictamen que otorga al Ejecutivo la facultad de proponer a la persona titular de la Fiscalía y obliga al Legislativo a resolver en un plazo de cinco días hábiles si confirma o descarta el nombramiento.

Ante la presencia de colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes por unos minutos tuvieron restringido el acceso al recinto, la Legislatura avaló reducir de nueve a cuatro años la duración del encargo y estableció una posible ratificación por un periodo adicional, decisión que corresponderá a la gobernadora o gobernador en turno, con obligación de informar al Congreso para la toma de protesta.



El dictamen dispone que el Ejecutivo enviará una propuesta y el Congreso deberá votarla con mayoría calificada; si no existe resolución en cinco días hábiles, el nombramiento quedará aprobado. Si la propuesta es rechazada, el Ejecutivo enviará una segunda y, ante una nueva falta de pronunciamiento, podrá designar directamente a la persona titular entre las dos opciones planteadas.

En materia de remoción, la reforma también faculta al Ejecutivo a separar del cargo a la persona titular de la Fiscalía por causas graves previstas en la ley. El Congreso podrá objetar la decisión con la misma votación requerida para el nombramiento; de no hacerlo en cinco días hábiles, la remoción quedará firme.

Finalmente, el proyecto actualiza los requisitos para ocupar la Fiscalía, entre ellos nacionalidad mexicana por nacimiento, mínimo 30 años, título de licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de 5 años, ausencia de condenas por delitos específicos y acreditación de evaluaciones de control y confianza. Se incorpora experiencia en procuración de justicia, capacidad directiva, conocimiento jurídico, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.



Debate

El diputado Adrián Ávila Estrada, de Movimiento Ciudadano, confirmó que su bancada comparte la postura de renovar el procedimiento respecto a la designación del titular de la Fiscalía.

“En noviembre del 2024, recién iniciada la Legislatura, nuestro compañero, el diputado Diego Castañeda (MORENA), presentó una iniciativa para reformar la Constitución local en materia de la elección de la persona titular de la Fiscalía General del Estado”, dijo.



Expuso que las iniciativas posteriores, presentadas en julio por la diputada Elizabeth Morales y el diputado Ramón Díaz (ambos del PT), actualizaron el diagnóstico sobre requisitos, duración del encargo y esquema de ratificación. Afirmó que, tras el análisis en comisiones, concluyeron que el modelo planteado es viable para reorganizar la estructura de procuración de justicia.

Por su parte, el diputado Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo, destacó que su iniciativa incorporó propuestas de colegios de abogados, jueces, especialistas y organizaciones, entre ellas requisitos adicionales para aspirantes, como la ausencia de señalamientos por corrupción, enriquecimiento ilícito o conflictos en materia familiar, así como la aprobación íntegra de los exámenes de control y confianza.

“La propuesta de hoy es dejar atrás un modelo estático y obligatorio transexenal de 9 años para propiciar un sistema funcional susceptible de evaluación y de rendición de cuentas y su posible ratificación por un nuevo periodo de 4 años”, señaló. Indicó que el precedente de la Ciudad de México demuestra que plazos menores pueden operar con mecanismos de evaluación.



En contra del dictamen, la diputada Montserrat Ortega, del grupo legislativo mixto Veracruz Nos Une, opinó que la reforma altera el equilibrio institucional al trasladar al Ejecutivo facultades que antes correspondían al Congreso.

“Nuestro voto es en contra porque reiteramos que no se puede debilitar la autonomía de las instituciones de procuración de justicia en nombre de la coordinación, ni concentrar poder sin establecer contrapesos reales, transparencia efectiva y mecanismos sólidos de rendición de cuentas”, afirmó.

El PAN también se pronunció en contra. La diputada Indira Rosales San Román cuestionó que la designación del Fiscal pase de un órgano colegiado a una sola persona. “Alguna vez el fiscal general del Estado de Veracruz ha sido realmente autónomo? Probablemente la respuesta es no”, dijo, al advertir que esta condición no justifica retrocesos. Señaló que retirar al Congreso la facultad de nombramiento elimina un mecanismo de control democrático.



Afirmó que la reforma no garantiza protección para colectivos de familiares de personas desaparecidas y adelantó que el nuevo esquema permitirá al Ejecutivo remover al Fiscal con la misma facilidad con la que cambia a un secretario. Concluyó: “No hagan reformas pensando en que ustedes van a permanecer en el poder siempre”.

El posicionamiento a favor provino del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez sostuvo que el dictamen busca garantizar la procuración de justicia en un contexto de responsabilidad pública.

Afirmó que “este dictamen fortalece a Veracruz” y defendió que la modificación impulsa la confianza ciudadana en las instituciones estatales. Señaló que el rediseño administrativo pretende evitar rezagos y clarificar procesos, y que la coordinación entre poderes permitirá una actuación más eficiente en investigación de delitos. Subrayó que la reforma forma parte de una estrategia de actualización legal y no debe interpretarse como una medida unilateral.



La diputada Ingrid Calderón Domínguez, de MORENA, subió a tribuna para fijar la postura de su grupo parlamentario.

Señaló que la reforma se vincula con los ejes de la administración estatal y con el enfoque de la Gobernadora Rocío Nahle. Durante su intervención afirmó que “esa esperanza que tiene un nombre que se llama Construcción de Paz”.

“Necesitamos una Fiscalía que no solo se dedique a seguir delitos por oficio y nada más nos den cifra, sino también que entienda el dolor de nuestra gente, que procure la justicia y su perspectiva de género.



“Lo más importante que no revictimice con las palabras, buscamos que Veracruz y todas las veracruzanas sean protegidas. Lo mismo que sin duda fortalezca la presencia de esta reforma”.

La diputada expuso que el dictamen elimina trámites que considera inoperantes y permite continuidad inmediata en el funcionamiento institucional. Afirmó que “estamos eliminando los vicios pasados, simplificando los procesos que eran inoperantes y burocráticos para asegurar la continuidad inmediata de la procuración de la justicia en Veracruz”.

Durante su posicionamiento, Calderón sostuvo que la propuesta no responde a criterios partidistas y que el dictamen incidirá directamente en la seguridad pública. Expresó que “más allá de los colores, nos unimos por amor a Veracruz”, y afirmó que el pleno busca “una revisión continua y constante”.



Discusión en lo particular

En lo particular, la diputada Elena Córdova Molina señaló que “como cualquier ladronzuelo que hace sus fechorías por las noches, la 4T hizo lo mismo con el dictamen sometido a discusión. Afirmó que la reforma altera la Constitución local por para que MORENA siga “con esa obsesión de adueñarse de las instituciones”.

Recordó que hace un año se presentó una primera iniciativa sobre el tema a la cual se adhirió “porque Veracruz necesita un cambio verdadero en materia de procuración de justicia”, y afirmó que la fiscalía se encuentra “paralizada” y sin capacidad para responder a las exigencias ciudadanas.



Expuso que aquella iniciativa impulsaba un proceso de armonización con la Constitución federal y requería un parlamento abierto con especialistas, barras, colegios, academia, colectivos de búsqueda y organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que —según dijo— ha emitido cerca de 20 recomendaciones sin ser atendidas por la fiscalía.

Córdova Molina sostuvo que los cambios realizados por las comisiones dictaminadoras eliminaron requisitos relevantes, entre ellos la prohibición de haber ocupado un cargo de elección popular o de dirección partidista un año antes de la designación. Afirmó que la supresión de ese requisito “resta autonomía” y genera la percepción de que se busca ajustar condiciones para una persona con trayectoria política reciente. Cuestionó también la reducción en la antigüedad del título de licenciatura en Derecho a cinco años, señalando que a nivel federal se exigen diez.

Indicó que el dictamen “rompe un sano equilibrio” entre poderes y abre la puerta a una “invasión del Ejecutivo hacia este Congreso”. Sostuvo que la designación y remoción quedarían sujetas a “auténticas simulaciones”, al prever que, si el Legislativo no se pronuncia dentro del plazo, la propuesta se aprueba automáticamente. Recalcó que el proceso de ratificación contempla el mismo esquema. “Autonomía sí, sometimiento no”, expresó al cerrar su intervención, tras advertir que la fiscalía podría convertirse “en una oficina más de Palacio de Gobierno” y que la concentración de facultades podría utilizarse para perseguir opositores y proteger aliados.



Posteriormente intervino la diputada Elízabeth Morales García para fijar su postura a favor del dictamen. Señaló que la reforma impacta en la estructura del sistema de justicia y que la fiscalía requiere profesionalismo, independencia, controles democráticos y actualización normativa. Afirmó que la propuesta deriva del análisis de distintas visiones parlamentarias y busca un modelo de procuración de justicia más moderno, transparente y cercano a la ciudadanía, con una institución capaz de rendir cuentas, evaluarse y evitar periodos prolongados de estancamiento.

Morales subrayó que Veracruz enfrenta una realidad en la que “la impunidad lastima” y las víctimas demandan instituciones con capacidad de respuesta. Consideró indispensable revisar el diseño constitucional para alinearlo a principios de paridad, perspectiva de género y progresividad. Expuso que el periodo de nueve años es excesivo y puede traducirse en captura institucional y falta de rendición de cuentas, mientras que el nuevo modelo reduce el periodo, permite ratificación y mantiene una evaluación continua.

A favor también intervino el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, quien señaló que el Congreso debe trabajar “a la hora que sea, porque para eso nos paga el pueblo de Veracruz”. Afirmó que la homologación con el artículo 102 apartado A de la Constitución Federal “no es un invento local”, pues dicho artículo faculta al presidente para remover al Fiscal General de la República. Dijo que Veracruz “solo se está alineando al pacto federal”.



Sostuvo que el gobernador no tiene poder absoluto para remover al fiscal, ya que el Congreso conserva la facultad de objetar la decisión, y que la remoción no puede ser discrecional, sino fundada en causas graves que la ley establezca. Afirmó que el modelo anterior “hacía casi imposible remover a un fiscal ineficiente” y que el nuevo esquema permite actuar ante incompetencia o corrupción sin recurrir a juicios políticos prolongados.

El legislador agregó que la responsabilidad en materia de seguridad y procuración de justicia recae en quien encabeza el Ejecutivo, por lo que requiere herramientas legales para sustituir a un fiscal que obstruya la estrategia de seguridad. Consideró que el periodo de nueve años constituía “un cheque en blanco”, mientras que el esquema de cuatro años acota márgenes de aislamiento institucional y refuerza la rendición de cuentas.