Condenan a 17 años de prisión al exdirector de Servicios Periciales, Gilberto “N”

Un juez de enjuiciamiento del distrito judicial de Xalapa impuso 17 años de prisión al exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto "N", por un delito vinculado con la desaparición de personas en agravio de David Lara Cruz, tras acreditarse irregularidades en el manejo del hallazgo de restos humanos en la barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.

La sentencia fue determinada durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño celebrada el 8 de abril de 2026 dentro del juicio oral J-104/2024, derivado de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/10°/169/2016, tramitada en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Xalapa.

El juez de enjuiciamiento Roberto Santos Maldonado Morales resolvió imponer al exfuncionario una pena privativa de libertad de 17 años, además de una sanción pecuniaria equivalente a mil 200 Unidades de Medida y Actualización calculadas al valor de 2016, cuando cada UMA se cuantificaba en 73.20 pesos.

Como parte de las sanciones también se ordenó una amonestación privada, la suspensión de derechos civiles y políticos, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El juez autorizó además la publicación de la sentencia en medios de circulación una vez que la resolución cause ejecutoria ante el juez de ejecución.

El órgano jurisdiccional fijó el 15 de abril de 2026, a las 11:10 horas, para la lectura integral de la sentencia. El proceso judicial deriva de investigaciones relacionadas con el hallazgo de restos humanos ocurrido el 19 de enero de 2016 en la barranca de La Aurora, en Emiliano Zapata, donde documentos ministeriales refieren la localización de restos correspondientes a 19 personas.

Entre las víctimas se encontraba David Lara Cruz, elemento de la Policía Estatal de Veracruz, quien el 12 de enero de ese año acudió a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa para presentar evaluaciones de control y confianza. De acuerdo con testimonios integrados en el expediente, el agente salió de su domicilio para acudir a dichas evaluaciones y posteriormente habría sido detenido por compañeros de la misma corporación sin que existiera registro oficial de su detención.

Días después, la familia fue informada de que el cuerpo había sido localizado en una carretera rumbo a Alto Lucero. Sin embargo, documentos de la investigación refieren que el cadáver había sido encontrado previamente en la barranca de La Aurora junto con otros restos humanos.

La indagatoria señala que, tras el hallazgo de los cuerpos, el entonces director de Servicios Periciales fue notificado del hecho y habría ordenado realizar el levantamiento de los restos localizados en la barranca, pero reportar oficialmente solo el hallazgo de seis cadáveres. También se documentó que, pese a que el cuerpo de Lara Cruz fue identificado mediante pruebas dactiloscópicas, se instruyó trasladarlo a la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, para reportar ese sitio como el lugar de su hallazgo.

El caso ha sido acompañado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización que señaló que el proceso judicial busca determinar responsabilidades por la alteración del registro oficial del hallazgo de cuerpos en la barranca. “Durante años, la familia ha exigido verdad sobre lo ocurrido tras la desaparición forzada y sobre lo que pasó después: la localización seguida de ocultamiento, prolongando la incertidumbre”, expuso la organización civil al referirse al proceso.

El juicio oral forma parte de las investigaciones abiertas en torno a irregularidades detectadas en el manejo de restos humanos encontrados en ese sitio, uno de los casos vinculados a desapariciones registradas en Veracruz durante 2016.