Nueva Comisión Presidencial deberá promover debate sobre Reforma Electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el pasado 4 de agosto el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un organismo de carácter transitorio cuyo objetivo es "convocar al país a intervenir con críticas, opiniones y análisis, mediante los métodos del debate público" sobre posibles cambios al sistema electoral mexicano.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que esta comisión "tendrá que emplazar al país a intervenir" en la discusión de temas como las libertades políticas, el sistema de partidos, el financiamiento y la fiscalización de campañas, la efectividad del sufragio, la regulación de la competencia político-electoral, la propaganda oficial, el sistema de votación y cómputos, las autoridades electorales, los requisitos de elegibilidad, la inmunidad de funcionarios electos, así como las consultas populares y la revocación de mandato.

La presidenta Sheinbaum argumentó que "la conservación inercial" de las normas que rigen el sistema político-electoral "no es congruente con la situación política actual del país", y que hoy cobra "enorme importancia el respeto irrestricto del voto libre y de la voluntad popular como elementos centrales de la democracia". Añadió que no se trata sólo de estabilidad política, sino de "forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia, y se reconozca como el poder del pueblo".



La Comisión dependerá directamente de la titular del Ejecutivo Federal, quien la presidirá, y estará integrada por la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica, la Oficina de la Presidencia y la Coordinación General de Política y Gobierno, entre otras áreas. Además, podrá invitar a representantes de dependencias, instituciones públicas o privadas, organismos autónomos, la academia y la sociedad civil, con derecho a voz, pero sin voto.

Entre sus funciones destacan: realizar estudios sobre la reforma electoral, elaborar propuestas, constituir grupos de trabajo y expedir su reglamento interno. Las consultas estarán abiertas a la ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos políticos nacionales y locales, comunidades indígenas, centros de investigación, analistas, mexicanos en el extranjero e integrantes de órganos electorales.

La participación se habilitará a través de un portal oficial de Internet, donde se publicarán críticas, opiniones y propuestas. También se realizarán audiencias públicas, debates y eventos en distintas ciudades para promover "la difusión y discusión" de las ideas recabadas. El plan de trabajo contempla la aplicación de encuestas de opinión en octubre de 2025 y la presentación de conclusiones a la Presidencia en enero de 2026. El decreto establece que la Comisión tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030 o hasta que la Presidenta de la República determine su disolución.