Nueva ley UV quitaría atribuciones tanto a la Junta de Gobierno como a Rectoría

El anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (UV) pudo haber generado inconformidad de la Junta de Gobierno porque quita de su control la Contraloría General y otorga mayores facultades al Consejo Universitario General, no a la figura del Rector.

Así lo planteó el integrante de la Comisión transitoria para la integración del anteproyecto, José Lorenzo Álvarez Montero, quien recordó que la Contraloría ha dejado sin sanciones casos que afectaron las finanzas de la institución; lo que debe corregirse.

Lo anterior luego de que la Junta de Gobierno hizo públicas sus observaciones sobre dicho documento, enfocándose en el mecanismo de control y vigilancia del presupuesto y el sistema de contrapesos de la institución.



La Junta de Gobierno advirtió que como está planteado el anteproyecto se generaría un órgano interno de control “unipersonal”, dependiente de la Rectoría; además de que existiría un debilitamiento institucional de la propia Junta, colocándola en una situación de dependencia también del Rector en turno.

En contraparte, Álvarez Montero señaló que en realidad se quitan atribuciones a la figura del Rector, fortaleciendo al Consejo Universitario General (CUG).

“No hay tal caso, más bien se le reduce la facultad al Rector de suscribir los títulos mercantiles o generar deuda, que actualmente está en la Ley; así como la facultad de crear entidades y nombrar asesores. El anteproyecto tiene duras reducciones a la figura del Rector”, declaró en entrevista el comisionado.



Añadió que en su esencia la Junta de Gobierno tiene como función principal generar un procedimiento para recoger la opinión de la comunidad universitaria sobre los candidatos a Rector y después del análisis nombrar a quien se desempeñará en el cargo.

“Pero actualmente la Universidad Veracruzana tiene una Junta de Gobierno que además de esa función también tiene el control absoluto de la Contraloría y eso es indebido, tanto desde el punto de vista legal como del práctico”, planteó Álvarez Montero.

Al respecto aludió al daño patrimonial generado por las irregularidades del contrato de renta de computadoras que realizó la Casa de Estudios con la empresa Rodríguez Pasquel Sucesores S.A. de C.V., en 1999, que a la postre provocó a la UV un desfalco de unos 65 millones de pesos.



“Fue un problema por varios millones de pesos, pero la Junta de Gobierno no hizo nada, ni la Contraloría. ¿Qué responsabilidad se le fincó a los que integraban entonces la Junta y al que era el Contralor?, pues ninguna”, planteó.

De igual forma, mencionó que actualmente la figura del Contralor todo lo hace del conocimiento de la Junta de Gobierno y al Consejo Universitario “lo deja en ayunas”, cuando en el manejo del dinero la comunidad universitaria, a través del CUG, debería tener el control en este tema.

“Un tercer punto que genera inconformidad es que todos los reglamentos, todo el estatuto general y todos los acuerdos los conoce, los discute y en última instancia los aprueba, a veces modificándolos y otras no, el Consejo.



“A la fecha solamente hay un Reglamento en toda la Universidad que no lo conoce el Consejo, que es el Reglamento interno de la Junta de Gobierno”, expuso Álvarez Montero; por ello, consideró que actualmente existe una Junta de Gobierno “fuerte” e integrada por personas externas en un número que debería reducirse.

En ese punto el Comisionado recordó que el anteproyecto plantea integrar la Junta por 2 miembros externos y 7 internos, cuando actualmente se integra por 5 miembros internos y 4 externos.

“Ese también debe ser uno de los mayores malestares, pues ahora se reduce el número de externos y se señala que sean cuando menos dos, para que la mayoría de los que integran la Junta de Gobierno sean académicos de la Universidad Veracruzana. A esos los tenemos enfrente y si hacen algo mal se les puede reclamar o exponer aquí, pero a los demás tienes que ir a México a buscarlos o a ver dónde”, planteó.



De igual forma reiteró que el cambio de la Contraloría General por la Contraloría General de Cuentas daría mayores atribuciones al Consejo General Universitario conformado por 406 integrantes, es decir, la Rectoría no puede tener una injerencia definitiva entre sus numerosos integrantes.

“Actualmente existe una autonomía limitada y este anteproyecto quiere consolidar la autonomía y la manera de hacerlo es darle al Consejo Universitario General todas las atribuciones para que ahí se regule la vida interna de la Universidad”.

Sostuvo que una prueba de la autonomía del CUG es que en rectorados como el de Rafael Velasco no se aprobó un proyecto de Ley orgánica, cuando entonces el Consejo estaba integrado apenas por 200 miembros. No obstante, Álvarez Montero recordó que a la fecha solo se trata de un anteproyecto que se puede corregir o descartar en su totalidad.



Incluso se dijo de acuerdo con la Junta de Gobierno en cuanto a que el encargado de la Contraloría General de Cuentas no sea nombrado a partir de las propuestas del Rector, para que sean colegios de contadores o de expertos en el tema de fiscalización quienes propongan a los mejores perfiles.

“Considero que hay sospechosísimo, pero en realidad no se le aumentan sus atribuciones al Rector, más bien se le reducen y sólo queda en atribución proponer la figura del Contralor; aunque esto también se puede modificar en el anteproyecto (…).

“Por ahora se está poniendo no a un Contralor formalmente, pues es una comisión con tres personas cuyos requisitos es que tengan honorabilidad y conocimientos y se establecen responsabilidades a sus funciones, cuando actualmente la Ley orgánica no tiene ninguna para el Contralor”, observó.



Finalmente, Álvarez Montero refirió que el anteproyecto está puesto a consulta en el periodo comprendido del 2 de julio al 31 de octubre del año en curso y la comunidad universitaria puede participar presentando sus observaciones, comentarios o propuestas vía electrónica y de forma presencial.