Obliga IVAI a Orizaba a entregar información por consulta sobre vendedoras de Ixhuatlancillo

Por falta de respuesta, se resolvieron siete recursos en contra del Ayuntamiento de Orizaba sobre copias de las facturas de todos los parquímetros que se hayan comprado y documentos que justifiquen y sustenten la realización de la consulta popular a los orizabeños sobre el ambulantaje en su ciudad.

Lo anterior incluye: acuerdos de cabildo y minutas de trabajo, recursos ejercidos para su realización, procedimientos y criterios, formulación de preguntas, fundamento legal, documentos relativos a los resultados de la consulta, entre otros.

En estos recursos, el IVAI ordenó a los ayuntamientos den respuesta, entreguen y/o pongan a disposición de los recurrentes la información solicitada de manera gratuita.



Igualmente, los exhortó para que en posteriores ocasiones den cabal cumplimiento en los términos establecidos en la Ley de la materia a la tramitación de las solicitudes de información que se les formulen.

Y es que por violentar el derecho a la información, el Instituto Veracruzano de Información y Protección de Datos Personales ordenó al Ayuntamiento de Orizaba proporcionar diversos datos sobre la consulta popular que hizo los días 13, 14 y 15 de marzo, en la que se decidió prohibir a los comerciantes de Ixhuatlancillo vender sus productos artesanales en el centro histórico de la ciudad.

El pleno de dos integrantes revocó la respuesta otorgada por su titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), en la que se negó a ofrecer lo peticionado, al considerar que constituye información pública que debe ser otorgada.

Los comisionados Yolli García Álvarez y José Rubén Mendoza Hernández explicaron que la violación radica en que el responsable de la UAIP aduce que lo requerido no corresponde con algún ejercicio plebiscitario que se haya hecho en la administración.

"Sin embargo, quedó acreditado que el ente obligado estableció y realizó actos correspondientes a la realización, desarrollo y vigilancia del proceso solicitado durante la presente administración, por lo que resulta inconcluso que infrinja en perjuicio de la parte recurrente, sus derechos tutela dos por la Constitución Política", refiere el resolutivo.


Le ordena a la administración orizabeña también entregar facturas de parquímetros que se adquirieron al resolver el expediente 352, y poner a disposición de la parte recurrente copias de las facturas de todos los parquímetros adquiridos, que se instalaron en diversas calles del primer cuadro de la ciudad.

La administración de aquel municipio, gobernado por el priísta Juan Manuel Díez, adujo que dar dichos datos iniciaría una competencia desleal para los proveedores.

"Respuesta que no se encuentra ajustada a derecho, pues como quedó precisado en la resolución, se trata de información pública que el ayuntamiento obligado genera y debe trasparentar; además resulta evidente que cuenta con las facturas solicitadas, porque la respuesta dada implica la aceptación de la existencia de lo peticionado", se concluyó.