Observaciones de ORFIS a la Contraloría por más de 8 mdp fueron solventadas

La diputada local, Daniela Griego Ceballos, confirmó que las observaciones que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por más de 8 millones 500 mil pesos en la Cuenta Pública 2016 a la Contraloría General del Estado, entonces a cargo de Ricardo García Guzmán, fueron solventadas.

Agregó que lo mismo ocurrió con la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), anteriormente a cargo de Víctor Alvarado Martínez, que al igual que la Contraloría pudo justificar el gasto de los recursos observados, que equivalían a más de 7 millones 988 mil 325.40 pesos.

De acuerdo con la legisladora de MORENA y vocal de la Comisión de Vigilancia, además 18 de los 122 ayuntamientos con irregularidades presentaron documentación; por lo que también podrían solventar los señalamientos del ORFIS.



Griego Ceballos indicó que el hecho de presentar documentación no exime de responsabilidad a los funcionarios involucrados, pues en la sesión de mañana martes se someterá ante el Pleno el dictamen de la Cuenta Pública 2016 e iniciará la segunda fase del proceso de fiscalización.

“En esa fase ya se revisarán con calma los documentos para solventar; podría encontrarse que no solventaron el daño patrimonial quienes presentaron documentación”, refirió.

En cuanto a los municipios detalló que algunos quedaron a revisión para la Cuenta Pública de 2017, tal es el caso de Catemaco, que sufrió la quema del Palacio Municipal.



Sobre la solventación de la Contraloría trascendió que el diputado del PAN y secretario de la Comisión de Vigilancia, Rodrigo García Escalante, no participó en el análisis al ser hijo del exfuncionario de la administración de Javier Duarte, por lo que se excusó de la revisión.

Hay que recordar que la Contraloría fue observada por no transferir fondos que se retuvieron por conceptos de impuestos, por pagar de manera extemporánea contratos de arrendamiento y por dar por terminado de manera anticipada contratos con despachos contables.

Fue el incumplimiento de pago a las empresas L&B Contadores y Abogados SC y Grupo Auditor Santos SC, contratadas en abril de 2016, lo que derivó en el presunto daño patrimonial.



Lo anterior luego de que García Guzmán contrató a ambas empresas para elaborar una propuesta para la solventación de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los ejercicios del 2009 al 2014.

El Gobierno se comprometió a pagar 11 millones 600 mil pesos, pero dejaron pendientes de liquidar 8 millones 500 mil pesos; monto que fue observado por el ORFIS.