Obstáculos, rezagos y acceso desigual a la justicia en Poder Judicial: Rosalba Hernández

El Poder Judicial de Veracruz cerró su primer año después de la elección judicial con pendientes en cargas de trabajo, infraestructura, sistemas informáticos, capacitación y acceso a la justicia en las distintas regiones del Estado, reconoció la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández Hernández, durante su primer informe de resultados.

Frente a esos rezagos, Hernández destacó la productividad alcanzada tras la renovación del Poder Judicial: las salas del Tribunal resolvieron 8 mil 54 de los 8 mil 103 expedientes que les fueron turnados, equivalente al 99.3 por ciento. Cerca del 70 por ciento de los asuntos correspondieron a las materias civil y familiar.

Uno de los principales retos, admitió, será poner en marcha el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación demandará capacitación, infraestructura, herramientas informáticas y coordinación entre las áreas jurisdiccionales y administrativas.



“Este informe no pretende decir que el reto está resuelto”, afirmó la Magistrada, al señalar que el Tribunal trabaja en la preparación del nuevo modelo procesal junto con el Poder Judicial de la Federación y tribunales de otras entidades.

La Presidenta reconoció además que las condiciones para acceder a la justicia no son iguales en todo Veracruz. Entre los obstáculos mencionó las distancias, las barreras lingüísticas, los costos de traslado, la falta de información y las dificultades físicas o de comunicación que enfrentan personas con discapacidad.

Las brechas tecnológicas constituyen otro de los pendientes identificados por el Tribunal. Hernández sostuvo que la extensión territorial del estado, las cargas de trabajo y las diferencias entre regiones obligan a mantener ajustes en la operación de los órganos jurisdiccionales.



Primer informe

Durante el periodo informado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia celebró 12 sesiones: una solemne de instalación, 3 ordinarias y 8 extraordinarias. En ellas se definieron adscripciones, se atendieron conflictos de competencia y se establecieron apoyos transitorios para las materias civil, familiar, penal y laboral, con el objetivo de enfrentar las cargas derivadas de la transición institucional.

El sistema de exhortos procesó además 2 mil 324 trámites relacionados con actuaciones judiciales dentro y fuera de Veracruz, mientras las salas especializadas resolvieron asuntos en materias penal, civil, familiar, constitucional y de justicia para adolescentes.



En su balance, Hernández informó que realizó 34 visitas de trabajo a órganos judiciales del estado. La Presidencia atendió directamente a mil 282 personas y efectuó 113 gestiones ante distintas instituciones derivadas de solicitudes recibidas durante esas audiencias.

También reportó 65 reuniones con organizaciones de abogados y atención a 52 colectivos relacionados con derechos de las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, diversidad sexual, víctimas y familiares de personas desaparecidas.

En materia indígena, el Poder Judicial avanzó en la formación de intérpretes para atender procedimientos en los que participan integrantes de comunidades originarias. El proceso abarcó 13 lenguas habladas en Veracruz y permitió incorporar a 30 personas al padrón nacional de intérpretes y traductores.



El Tribunal también realizó traducciones e interpretaciones de resoluciones y anunció que un resumen del informe estará disponible en audio en 6 lenguas indígenas. La presidenta sostuvo que el acceso a una resolución comprensible forma parte de los asuntos que deberán atenderse para reducir las barreras dentro del sistema judicial.

En el ámbito interno, Hernández informó que los órganos del Poder Judicial suscribieron un pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual y que el personal recibió capacitación. Señaló que todavía deberán consolidarse rutas de denuncia, medidas de protección y mecanismos para atender esos casos.

La magistrada sostuvo que los resultados del primer año no eliminan los problemas de operación que enfrenta el sistema y planteó que las siguientes etapas deberán concentrarse en reducir rezagos, preparar la implementación del nuevo código procesal y mejorar el acceso a los tribunales en los 21 distritos judiciales de Veracruz.