ONG y habitantes piden declarar emergencia por derrame de crudo en costas de Veracruz

El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha escalado a una emergencia ambiental de gran magnitud, al cubrir aproximadamente 630 kilómetros de litoral, desde la laguna de Tamiahua, al norte de Veracruz, hasta el municipio de Paraíso, en Tabasco.

De acuerdo con reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, se ha confirmado la llegada de chapopote a zonas como Tamiahua, Tuxpan y Cazones, lo que evidencia que la afectación se ha expandido prácticamente a todo el Corredor Arrecifal del Suroeste.

Hasta ahora, se tienen identificados 51 puntos impactados por la contaminación, de los cuales 42 corresponden a Veracruz. Esta situación ocurre en un periodo especialmente delicado, ante la cercanía de la temporada de anidación de 5 especies de tortugas marinas en peligro, mientras ya se reporta la muerte de ejemplares como tortugas, delfines, manatíes y diversas aves cubiertas de petróleo.



Pese a este panorama, las cifras oficiales contrastan con lo observado en campo. Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó el pasado 19 de marzo un avance del 85 por ciento en las labores de limpieza; no obstante, reportes ciudadanos señalan que al menos 26 sitios continúan sin intervención, y en otros más son los propios pobladores quienes realizan trabajos de limpieza sin protección ni capacitación.

Además, se ha denunciado que los esfuerzos se han concentrado principalmente en zonas de interés turístico, dejando de lado áreas ecológicas clave como la Laguna del Ostión, hogar de manglares y del cangrejo azul, así como los 125 arrecifes de la región, de los cuales dependen cerca de 16 mil familias dedicadas a la pesca.

A la par del daño ambiental, especialistas advierten riesgos importantes para la salud humana debido a la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, sustancias asociadas a efectos tóxicos, alteraciones hormonales y posibles daños genéticos a largo plazo.



En este contexto, comunidades pesqueras, indígenas y afromexicanas enfrentan una doble afectación: por un lado, la exposición directa durante las labores de limpieza, y por otro, la interrupción de sus actividades económicas, al llevar semanas sin poder pescar ni recibir turismo.

Hasta el momento, autoridades federales no han precisado el origen del derrame. Mientras algunas hipótesis apuntan a una fuga proveniente de una embarcación, otras líneas de investigación consideran posible un incidente en plataformas ubicadas en la Sonda de Campeche, reportado desde el pasado 20 de febrero.

Ante la gravedad de la situación, organizaciones ambientales y habitantes de la región han solicitado que se declare una emergencia ambiental formal, así como la implementación de estrategias de restauración ecológica a mediano plazo.



Asimismo, demandan a instancias como la Secretaría de Energía (SENER) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) la suspensión temporal de actividades petroleras en la zona, además de garantizar compensaciones económicas justas para los sectores pesquero y turístico.

Finalmente, colectivos ciudadanos han insistido en que el Golfo de México no debe continuar siendo utilizado como una “zona de sacrificio”, exigiendo mayor transparencia sobre las causas del derrame y acciones concretas que garanticen el derecho a un medio ambiente sano.