ONU pide llevar a la Asamblea General la crisis de desapariciones en México

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó que la situación de las desapariciones forzadas en México sea llevada a consideración de la Asamblea General, ante la gravedad de los elementos analizados y la necesidad de reforzar las acciones para prevenir, investigar y erradicar este delito.
En abril de 2026, el organismo informó que había iniciado el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La petición busca que la Asamblea General examine la situación y considere medidas de apoyo al Estado mexicano.
El Comité señaló que la información revisada apunta a que las desapariciones forzadas han ocurrido de manera generalizada o sistemática en distintos periodos y regiones del país. También expuso preocupaciones sobre la impunidad y la posible participación, autorización, apoyo o aquiescencia de agentes estatales en determinados casos.
La decisión no constituye por sí misma una sentencia judicial ni una declaración de responsabilidad penal contra funcionarios específicos, sino un procedimiento internacional de evaluación de la situación y de posibles medidas de cooperación.

Gobierno mexicano rechaza el diagnóstico
Ante los señalamientos, el Gobierno de México rechazó las conclusiones del Comité y sostuvo que el análisis no tomó suficientemente en cuenta la información actualizada ni los avances institucionales presentados por el Estado.
En su postura oficial, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores argumentaron que el informe se concentra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 y en un conjunto limitado de entidades, por lo que consideraron que sus conclusiones no reflejan adecuadamente las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas.
El Gobierno también afirmó que ha impulsado cambios legales, mecanismos de búsqueda y medidas para fortalecer la identificación humana, además de mantener colaboración con organismos de Naciones Unidas.
En octubre, la Secretaría de Gobernación informó que representantes del Gobierno mexicano expusieron ante Naciones Unidas avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellos la localización de más de 16 mil personas durante 2026, según cifras oficiales.
La dependencia también destacó las reformas legales aprobadas en 2025, el fortalecimiento de las investigaciones, la búsqueda inmediata y el trabajo para mejorar los registros de personas desaparecidas y no localizadas.
Durante ese encuentro, funcionarios mexicanos reiteraron su disposición al diálogo y a la cooperación técnica internacional. Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconocieron avances normativos, aunque subrayaron la importancia de traducirlos en resultados efectivos.
El desacuerdo entre el Comité y el Gobierno mexicano mantiene abierto el debate sobre la dimensión de las desapariciones forzadas, la actuación de las instituciones y los mecanismos internacionales que podrían contribuir a mejorar la búsqueda, la investigación y la atención a las víctimas.
La evolución del procedimiento dependerá de las deliberaciones correspondientes en Naciones Unidas y de la información que presenten tanto el Estado mexicano como los organismos internacionales involucrados.