OPLE inscribe a alcaldesa de Mixtla, Celia García, en registro de violencia política de género

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), derivada del expediente TEV-ES-7/2026, que ordenó inscribir a 6 personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano por 6 y 3 meses, entre ellas a la Alcaldesa, en los Registros Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

La víctima es una servidora pública del citado Ayuntamiento de identidad resguardada y se ostenta como persona integrante del pueblo indígena Nahua, electa por la acción afirmativa indígena.

Los servidores públicos sancionados con 6 meses en ambos registros son la presidenta municipal Celia García Rodríguez; el secretario Iván Rivera Xalamihua; la directora jurídica Alba del Carmen Fernández Hernández; y la secretaria particular de la Presidencia, Rode Temoxtle Flores.

En tanto, por 3 meses estarán en dichos registros el entonces tesorero Arnulfo Rodríguez Tehuintle, y el fontanero de agua potable Rufino Amayo Domeo. La denunciante, en su escrito de queja, señaló que no se le dejó ver ni escuchar en el proceso de entrega-recepción, y que además la Presidenta Municipal le externó: “¿Para qué quieres saber, si de por sí no entiendes nada? Esto es para expertos en la materia y tú no eres experta en nada”.

Detalló que ha recibido notificaciones para sesiones de Cabildo, pero sin recibir información adicional al orden del día, y cuando dichas sesiones no se llevan a cabo le piden firmar el acta sin leer el documento, sin que le proporcionaran copias del documento firmado, ni antes ni después de la firma.

Los magistrados del TEV calificaron de leves las acciones de los servidores públicos denunciados y no encontraron reincidencia en sus conductas, pero sí elementos asociados con la violencia verbal, simbólica por estereotipos de género y psicológica, por lo que existen bases objetivas para estimar que las conductas afectaron el derecho político-electoral de ser votada, en su vertiente del ejercicio del cargo que ostenta actualmente la parte denunciante.