Oposición podría promover recurso de inconstitucionalidad a las modificaciones del decreto de la bursatilización

Diputados locales opositores al PRI podrían promover un recurso de inconstitucionalidad en contra de la aprobación de las reformas al decreto de la bursatilización del impuesto sobre tenencia vehicular que permitirá canalizar recursos del fideicomiso bursátil a seguridad pública en los municipios.

El diputado convergente, Alfredo Tress Jiménez dijo que se trata de una acción anárquica del Gobierno del Estado modificar el decreto para cambiar el destino de los recursos de la bursatilización de la tenencia de la vehicular.

Durante la sesión extraordinaria, el legislador presentó un voto particular para que se devolviera el dictamen a comisiones por considerar que se violenta el artículo 127 constitucional, ya que los recursos de la bursatilización son para realizar acciones de infraestructura social que beneficiara a los ayuntamientos.

Aunque su petición fue desechada por el voto mayoritario de los priistas, por lo que advirtió que podría promover un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los legisladores de oposición insistieron que no es con mayores recursos como se va a acabar la inseguridad en Veracruz, y cuestionaron la falta de estrategias y políticas públicas para enfrentar la delincuencia.

La discusión de los dictámenes se centró en la reforma al decreto número 255 del Fideicomiso Público Bursátil que corresponde al 20 por ciento que reciben los Municipios por concepto del impuesto vehicular, ya que la oposición insistió que si aprobaron dicho esquema era porque sería destinado a obra social e incluso al pago de deuda pública debidamente registrada.

En su voto particular, Tress Jiménez dijo que el dictamen fue enviado desde Palacio de Gobierno, y este no tuvo ninguna modificación en la Comisión, por lo que critico el “servilismo” de los diputados del PRI al titular del Poder Ejecutivo.

Por ello, aseveró que la aprobación del dictamen, es entregarle al Estado “un cheque en blanco y restarle su responsabilidad en el combate a la inseguridad”.

En ese sentido, añadió que hay siete municipios que cuentan con policías intermunicipales, y en el dictamen no se especifica cómo será la distribución de los recursos, por lo que a su juicio era pertinente devolver el dictamen a comisiones para un nuevo análisis.

Por su parte, Margarita Guillaumín Romero, diputada del PRD expuso que cuando su bancada avaló el esquema de bursatilización fue porque tenían que respetar la autonomía de los municipios y porque quedó especificado que los recursos serían destinados a obra pública.

“Se desconocía el tamaño del camote que se iban a comer los alcaldes” ya que de acuerdo el dictamen dichos recursos son para adquisición de patrullas y armamento, y no se les otorgan dinero alguno para el pago de policías y mantenimiento de los equipos”.