ORFIS deberá presentar denuncia penal contra SEDESOL estatal

Antes de que concluya noviembre, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) deberá denunciar penalmente a la Secretaría estatal de Desarrollo Social (SEDESOL), por un probable daño patrimonial de 431.4 millones de pesos, derivado de 21 contratos celebrados el año pasado con el mismo número de empresas, de las cuales no se localizaron ni domicilios, ni representantes, ni evidencia de recepción del recurso.

Tal determinación forma parte del artículo octavo del Decreto número 920, que aprobó el Informe del resultado de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2015, que el ejecutivo estatal, Flavino Ríos Alvarado, hizo publicar en la Gaceta del Estado número extraordinario 442 del pasado viernes cuatro de noviembre.

Fuentes consultadas, entre ellas varios exdiputados de la LXIII Legislatura, coinciden en que antes de que concluya el mes de noviembre, el ORFIS deberá presentar esta denuncia penal en contra de la SEDESOL, por este probable daño patrimonial vinculado con los hechos de similar naturaleza detectados y denunciados en su momento por el Órgano de Fiscalización Superior y que son motivo de la integración de la Carpeta de Investigación número C.I./FESP/261/2016-VII, del índice de la Fiscalía Séptima especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.



En el referido documento aprobado por la anterior Legislatura, los entonces diputados locales instruyeron al ORFIS para que inicie la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, en contra de los servidores o exservidores públicos cuya conducta presumiblemente implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año 2015 y por ende una probable afectación a la hacienda pública estatal.

“Con independencia de lo anterior, se estima procedente de que en paralelo con el inicio de dicha fase, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado proceda a formular la denuncia penal correspondiente ante la autoridad competente, por los actos así determinados en el Informe del Resultado que nos ocupa”, establece el artículo octavo del Decreto 920 que entró en vigor el mismo viernes cuatro de noviembre.

El motivo para presentar la denuncia penal en contra de la SEDESOL estatal se explica así en el documento del Decreto 920: se detectaron 21 contratos celebrados con igual número de empresas, las cuales durante el proceso de fiscalización no fueron localizadas en el domicilio señalado en contratos, ni mucho menos el representante legal, además de no haberse aportado dentro del procedimiento, ni los expedientes de solicitud de apoyos, ni evidencia documental de la selección de beneficiarios, ni evidencia de la recepción de los apoyos por los beneficiarios del programa respectivo.



Ello permitió determinar un probable daño patrimonial del orden de la
fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de Indemnizaciones y sanciones en contra de los servidores o exservidores públicos, cuya conducta presumiblemente implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año 2015.

En 2015, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado de Veracruz tuvo dos titulares, Ranulfo Márquez Hernández, quien rindió protesta como tal el ocho de enero de ese año y Alfredo Ferrari Saavedra, quien lo relevó el 16 de octubre y se mantiene en el cargo a la fecha. Ambos fueron dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).