ORFIS hizo mal la tarea: Diputados le devuelven Informe de Cuenta Pública 2021

El pleno del Congreso del Estado no aprobó los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021 que fueron presentados el 30 de septiembre por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

El dictamen en sentido negativo presentado por la Comisión Permanente de Vigilancia se aprobó con 45 votos a favor y una abstención durante la sesión extraordinaria de este lunes.

El Congreso otorgó un plazo no mayor a 90 días naturales para que el ORFIS efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, cuyo presidente se pronunció en la Tribuna y descartó aumentar el presupuesto del órgano para dicha tarea.



El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Rafa Fararoni Magaña, afirmó que la Constitución de Veracruz faculta a los diputados para aprobar o no, la Cuenta Pública.

"Anteriormente, muchos asuntos de orden público se resolvían por mero trámite porque así se acostumbraba y aceptaba. Hoy en Veracruz, el pueblo está representado por un Congreso comprometido con la transparencia; no tenemos por qué ocultar hechos o resultados, cuando existe duda en el cumplimiento de las funciones que nos corresponden", expresó.

Insistió en discrepancias entre aclaraciones, documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables que se confrontaron con los pliegos de observaciones y montos solventados en las correspondientes revisiones.



El legislador destacó que, para llevar a cabo los trabajos que dieron lugar a la Cuenta Pública 2021, el ORFIS aumentó el presupuesto destinado a servicios personales en 26 millones de pesos, lo que representa un 35 por ciento más de lo autorizado.

“Queda claro que un aumento en este rubro no resuelve el problema de fondo, o sea, una eficaz labor de fiscalización que es precisamente lo que el pueblo nos pide como sus representantes”, subrayó.



Los diputados concluyeron que el trabajo del ORFIS fue deficiente “en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de los actos realizados”, por ello deberán realizar las adecuaciones pertinentes en 3 meses.

“Además, a juicio de esta Comisión, se encontraron ponderaciones y metodologías poco claras y convincentes; a manera de ejemplo, podemos referir que en algunos casos de entes en donde existía conocimiento de denuncias ciudadanas o de alguna autoridad, el porcentaje de los recursos auditados apenas sobrepasó el cincuenta por ciento del total, sin que se tenga información sobre el resto de los recursos; y más grave aún casos en donde el porcentaje de las obras auditadas fue aún menor, lo que demuestra, que no se realizó una auditoria eficiente respecto al uso de los recursos públicos.



“Adicionalmente, se advierten en los informes analizados, casos en los que se observaron procesos de baja de bienes que, aún y cuando fueron notoriamente ilegales, no se consideraron daño patrimonial a la hacienda pública, y resulta lógico presumir que el total del informe pudiera resultar inexacto, e incluso, minimizado frente a un posible daño a la hacienda pública”.