ORFIS notificó a 260 servidores públicos que tienen presunto daño patrimonial en 2012

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ya notificó a cerca de 260 exservidores públicos y servidores públicos en activo que resultaron con observaciones de presunto daño patrimonial en la cuenta pública de 2012.

Ahora, con base al calendario de solventación de observaciones, tendrán que acudir al ORFIS para presentar pruebas y alegatos que consideren pertinentes; esa fase deberá concluir el 20 de este mes, dijo el diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Francisco Garrido Sánchez.

Hasta el momento, en la fase de presentación de pruebas y alegatos –dijo– todos se han presentado para presentar las pruebas que a sus intereses convenga.



Cabe recordar que el presunto daño patrimonial de la cuenta pública es por 409 millones 346 mil 68 pesos con 2 centavos detectado en entidades del Poder Ejecutivo, 2 fideicomisos, 38 ayuntamientos y una entidad paramunicipal.

Los entes fiscalizables observados, una vez que sean notificados, deberán comparecer ante el ORFIS, en un plazo de 10 a 15 días hábiles, para la fase de audiencias de prueba y alegatos; este proceso se realizará del 7 al 20 de marzo.

Será en la primera quincena de agosto cuando concluya la fase de solventación de observaciones y se sabrá qué servidores y exservidores públicos, en caso de haberlos, no lograron solventar el presunto daño patrimonial.



Agotadas las audiencias de solventación de observaciones, el ORFIS tiene un término de 30 días hábiles para resolver la existencia o inexistencia de responsabilidad, por lo que las resoluciones se emitirán entre el 23 de abril al 6 de mayo.

Notificadas las resoluciones, los exservidores públicos y servidores públicos cuentan con 10 días hábiles para interponer recursos de reconsideración ante el ORFIS o un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El ORFIS espera recibir los recursos de reconsideración entre el 13 al 28 de mayo. Interpuesto el recurso se cuenta con un término de 45 días hábiles para resolverlos y se estima emitir las resoluciones entre el primero y trece de agosto.



En caso de que no puedan solventar las observaciones, la formulación y presentación de las denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de quienes no hayan comprobado el presunto daño patrimonial.