Una embarcación que permaneció entre el 6 y el 10 de febrero en una zona cercana a la plataforma Abkatún, frente a Campeche, habría sido el origen del derrame de hidrocarburo que en las últimas semanas alcanzó costas de Tabasco y Veracruz.
Lo anterior según organizaciones ambientalistas que analizaron imágenes satelitales y denunciaron una respuesta oficial tardía y sin información pública oportuna.
El señalamiento fue difundido en un posicionamiento respaldado por Conexiones Climáticas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), CartoCrítica y otras organizaciones, que sostuvieron que las imágenes muestran actividad de contención desde fechas tempranas en la Sonda de Campeche.
En ese reporte indicaron que el incidente era conocido por autoridades desde etapas iniciales y que hubo maniobras de contención que no lograron evitar la expansión de la mancha de hidrocarburo.
Con base en las imágenes satelitales analizadas, las organizaciones sostuvieron que la mancha de aceite o crudo, inicialmente reducida, comenzó a intensificarse a partir del 11 de febrero.
Para el 13 de febrero, señalaron, el vertido ya era visible y al menos cinco embarcaciones realizaban labores de contención en la zona.
“El 14 de febrero, la mancha alcanzaba aproximadamente 50 kilómetros cuadrados, equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México”, indicaron en su posicionamiento.
De acuerdo con el análisis, el derrame continuó activo al menos hasta el 17 de febrero y posteriormente comenzó a dispersarse.
Añadieron que las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas favorecieron el desplazamiento gradual del hidrocarburo durante las semanas siguientes, lo que provocó su llegada de forma dispersa y sostenida a las costas de Tabasco y Veracruz.
Las organizaciones también cuestionaron la actuación institucional frente al incidente y señalaron que el manejo del caso ignoró lineamientos del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, vigente desde 2023.
Explicaron que dicho plan establece la obligación de notificar de forma inmediata cualquier incidente de este tipo a las autoridades competentes y de informar públicamente sobre el riesgo.
“Que se observaran embarcaciones de contención desde el 13 de febrero confirma que las autoridades tenían conocimiento temprano; sin embargo, ninguna alerta pública fue emitida, impidiendo a las comunidades costeras tomar medidas preventivas”, señalaron.
De acuerdo con el mismo plan, añadieron, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) integrar un Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN) y Mapas de Sensibilidad para coordinar la respuesta ante derrames.
Las organizaciones demandaron que esos instrumentos técnicos sean públicos y que se aplique el principio de responsabilidad ambiental conocido como “el que contamina paga”.
“A más de un mes del incidente, la autoridad no ha identificado públicamente a la empresa responsable ni ha informado sobre el proceso de compensación por los daños causados al ambiente y a las comunidades afectadas”, señalaron.
Añadieron que, conforme a la legislación nacional, los responsables de este tipo de incidentes pueden enfrentar deslindes administrativos, civiles y penales.