Órganos garantes de transparencia están limitados por falta de recursos y normativas legales

Los órganos garantes del país padecen de una limitación en su quehacer por garantizar la demanda de transparencia de la población, debido a que los congresos locales no aprueban el otorgamiento de mayores recursos, reconoció el comisionado propietario del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, Víctor Manuel Díaz Vázquez.

Durante la celebración del Día Internacional de la Protección a los Datos Personales, con sede en esta capital, el funcionario morelense dijo que además de los fondos financieros, las legislaturas estatales también deben otorgar mayores atribuciones legales para este ejercicio.

Dijo que en muchas ocasiones no se cumple con lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información en el tema de la creación de portales de transparencia, para lo cual se requiere al menos un “piso” de cuatro millones de pesos, cuando en muchas entidades esa cantidad se utiliza para toda la operatividad de sus órganos garantes.



“Pero la plataforma no caerá del cielo, requiere de un presupuesto económico, que ahorita de entrada, el piso nos está marcando 4 millones de pesos. Hay estados donde tienen 4 millones de pesos de presupuesto. ¿Qué hacemos? ¿Creamos el sistema de transparencia, cerramos las puertas y nos vamos?”.

De ahí que insistiera en la importancia de aprobar mayores recursos por parte de las legislaturas estatales, ya que esto significa que las leyes en esta materia funcionen acorde a las posibilidades de los órganos garantes.

Resaltó que la Ley General de Acceso a la Información que obliga a los congresos estatales a homologarla no es un “carta bond”, es decir, no debe copiarse íntegramente, sino que debe tomarse como un piso para que las entidades las mejoren y hagan las correcciones y adecuaciones necesarias.



Dijo también que en cuanto a las atribuciones a los institutos de acceso a la información estatales para el cumplimiento de sus funciones se debe considerar extender las obligaciones de los sujetos obligados y darle un mayor poder dentro del marco legal a los órganos garantes para hacer cumplir la ley.