PAN pide solicitar a ORFIS contratos de créditos bancarios y bursatilizaciones de Gobierno

El Grupo Legislativo del PAN solicitó al Congreso Local que se requiera al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) una copia de los contratos originales y modificaciones de los créditos bancarios y bursatilizaciones celebrados entre el Gobierno estatal, instituciones financieras y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Al respecto, el diputado panista Hugo González Saavedra aseveró que su fuerza política ha exigido a los últimos titulares del Poder Ejecutivo aclarar el incremento desmedido de la deuda pública.

Expuso que ésta ha aumentado en mil por ciento, pasando de 3 mil quinientos millones de pesos en noviembre de 2004 a más de 48 mil millones en diciembre de 2015, según los registros oficiales.



“De todos estos recursos, los veracruzanos no hemos tenido cuenta de su inversión ya que, la opacidad ha sido la bandera que ha distinguido a las últimas dos administraciones, por ejemplo, el decreto 289 del año 2011, por el cual se autorizó contratar hasta 30 mil millones de deuda, de los cuales 17 mil millones eran para el pago a terceros y hoy seis años después mantenemos un importante adeudo precisamente a terceros”, manifestó.

Al preguntarse si ese dinero fue contratado y destinado para lo que fue solicitado, González Saavedra expuso que otro ejemplo de pasivos, son los 38 mil millones de pesos de cuentas por regularizar.

“Se han continuado solicitando créditos bancarios ya sea para inversión o para supuestas reestructuras, dando como resultado un acumulado de 16 créditos bancarios y dos bursatilizaciones que en conjunto reflejan un saldo de 48 mil millones de pesos, de los cuales su manejo y aplicación se encuentran en la oscuridad”, dijo.



El legislador recordó que aunque el ORFIS presentó un documento que tituló Auditoría a las Obligaciones Financieras del Estado de Veracruz en el ejercicio 2015, mediante el cual enumeró los créditos y relacionó los saldos correspondientes, el Congreso del Estado desconoce si fueron contratados bajo las mejores condiciones y si fueron utilizados para inversiones públicas productivas.

“Hasta el Informe de Resultados de la Cuenta Pública Consolidada 2015 que se presenta un presunto daño patrimonial por 6 mil millones de pesos derivado de dos créditos bancarios contratados en diciembre de ese año, se desconoce en dónde fueron aplicados”, concluyó.