PANAL propone cárcel o trabajo comunitario a quien cause daño emocional a menores discapacitados

La diputada local del Partido Nueva Alianza (PANAL), Jacqueline García Hernández, propuso castigar con 2 años de cárcel o de 50 a 200 días de trabajo comunitario a quien o quienes incurran en conductas que causen daño moral o emocional a las niñas, niños y adolescentes que presenten alguna discapacidad.

Además, propone que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,

llevarán a cabo las acciones pertinentes para prevenir, atender y erradicar la discriminación a las que son sujetos las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como de implementar los mecanismos que permitan detectar cualquier acto que merezca ser sancionado de conformidad con la normatividad aplicable.

Mientras que los servidores públicos tienen la obligación de facilitar, en la medida de sus capacidades, los requerimientos necesarios de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias, así como de brindarles un servicio adecuado y de calidad.

Lo anterior forma parte de las iniciativas de reforma al Código Penal y a la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Veracruz.
Aunque reconoció que no se trata más de un problema de legislación sino de sensibilidad y de cultura cívica.



Como legisladores, es necesario hacer oír las voces de quienes ven atropellados sus derechos, de quienes día a día luchan con los prejuicios y los señalamientos de otros y sobre todo, de legislar para que podamos llegar a todas las personas que hoy sufren por no contar con oportunidades ni servicios adecuados a sus necesidades.

Actualmente no se cuenta con cifras oficiales respecto al número de niñas, niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad. El INEGI, a través del Censo de Población y Vivienda 2010, estima que en nuestro estado cerca de 315,000 personas padecen algún tipo de discapacidad, el 9% de ellas son menores.



Este porcentaje se traduce en 28,350 menores que difícilmente podrán salir adelante, pues no se cuenta con infraestructura suficiente para solventar sus necesidades de salud, accesibilidad, educación y oportunidades de trabajo.

Sin embargo, el problema más preocupante es el trato que reciben de la sociedad.

Estos niños y adolescentes son objeto de discriminación, abusos y maltratos de los que, en su condición de menores, no pueden enfrentar y que significa un deterioro anímico y de autoestima que no les permite desarrollarse plenamente en ningún ámbito de su vida.



“Hoy más que nunca debemos ser congruentes con nuestras leyes, respetarlas: no sólo las leyes deben ser humanas, nosotros debemos actuar humanamente”.

Las leyes dictan que todos los niños deben tener derecho a la educación básica, que tanto autoridades como sociedad debemos coadyuvar para ofrecerles una vida digna, un trato igualitario, a ofrecerles seguridad y respeto.



La pobreza y la ignorancia no pueden ser factores que determinen el futuro de nuestros niños y niñas, y mucho menos de aquellos que tengan una discapacidad, pues entonces fallamos nosotros como sociedad y como estado; la ignorancia de algunos limita el futuro de muchos.

“Como legisladores tenemos la obligación de traducir en esta tribuna las necesidades de nuestra gente, debemos tener presente el sufrimiento de aquellos que, a pesar de tener los derechos consagrados en las leyes, sufren diariamente de abusos, vejaciones y diariamente ven lastimada su autoestima por una condición que no los hace diferentes a nosotros, condición que no los limita a potenciar sus capacidades”.