Pandemia revertiría avances en reducción de carencias sociales: CONEVAL

“Existe el riesgo de que las afectaciones de la pandemia por COVID-19 reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales hasta 2018; por ello, es urgente reforzar la atención a grupos vulnerables y garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de sus derechos”, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020.

Durante esta edición del análisis y derivado de la contingencia sanitaria, CONEVAL realizoÌ� un mapeo de los cambios en la oferta gubernamental y medidas emergentes que se han implementado para mitigar los efectos de la pandemia, en el que se identificaron 53 intervenciones, de las cuales 31 son programas presupuestarios y 22 acciones no presupuestarias.

Los programas presupuestarios se enfocaron en: Adaptación de la oferta gubernamental para la atención de la contingencia sanitaria; seguridad social; atención médica y psicológica; apoyos alimentarios; incentivar las capacidades del personal de salud; investigación científica sobre COVID-19; mejorar condiciones de ingreso y servicios básicos en la vivienda.



Al analizar el origen de los programas, los especialistas encontraron que 12 fueron adaptados de otros programas, 10 no adaptados, 5 de contingentes,
3 de adelanto de apoyo económico y uno de nueva creación.

Por su parte, las intervenciones no presupuestarias se encaminaron a: Mejorar condiciones de ingreso; brindar apoyos crediticios y facilidades de pago; dar atención médica y psicológica; atender a los grupos vulnerables por COVID-19 e
incentivar las capacidades del personal de salud.

Particularmente, el 77% de las intervenciones están relacionadas con salud, asistencia social y mercado laboral



Entre todos los programas identificados que buscan mitigar las afectaciones de la pandemia, el CONEVAL contabilizó que 21 están enfocados a salud, 11 a asistencia social, 11 al mercado laboral, 5 a política fiscal y crediticia, 4 a reactivación económica y 4 a educación.

Además, 34 programas buscan atender a algún grupo históricamente discriminado como niñas, niños y adolescentes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes. Por su parte, 32 están enfocados en respaldar a algunos de los grupos más vulnerables ante la pandemia, como son aquellos con carencias, trabajadores informales, en situación de pobreza y las personas desocupadas.

De acuerdo con los especialistas, “el mundo enfrenta una crisis económica, de salud pública y social cuyo desarrollo y efectos aún no son totalmente conocidos, lo que plantea exigencias extraordinarias a todos los países. México no es la excepción. Las disyuntivas de acción pública en este contexto son de gran complejidad, ya que se tiene que enfrentar en forma simultánea las condiciones preexistentes de desarrollo social del país, con los procesos secundarios a la propagación del virus SARS-CoV-2, que afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población. Además de la necesidad de continuar con la generación de evidencia sobre los efectos de esta enfermedad en la salud y sus repercusiones sociales, así como incorporar dicha evidencia en la toma de decisiones”.



Ante este contexto, señalaron que la política de desarrollo social tiene grandes retos y oportunidades de acción, como evitar que se reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales hasta 2018; reforzar la atención a grupos vulnerables ante la pandemia y garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de sus derechos, y continuar con la generación de evidencia sobre los efectos de esta enfermedad en la salud y sus repercusiones sociales, así como incorporar esta en la toma de decisiones.

Asimismo, para atender necesidades de desarrollo social durante esta pandemia, recomendaron garantizar el ingreso de los sectores más vulnerables y grupos históricamente discriminados mediante transferencias monetarias no condicionadas, utilizando los programas sociales prioritarios existentes; apoyar a los padres y madres con opciones de cuidado infantil en el contexto de la reincorporación a las actividades económicas; adecuar e integrar las acciones de los programas de seguridad social contributiva para brindar atención a la población en condición de vulnerabilidad laboral reduciendo los efectos de la crisis en su ingreso, y consolidar un sistema de protección social universal, basado en un enfoque de derechos, articulado con instrumentos contributivos y programas que contribuyan a garantizar un ingreso mínimo.