Para atender salud mental en México, sólo hay 3.5 psiquiatras por cada 100 mil habitantes

El vicecoordinador de debate parlamentario de los diputados del PAN, Federico Döring Casar, afirmó que se requiere trabajar sobre la salud mental, ya que no es un tema visible socialmente, ni atendido con el humanismo que demanda.

“Cuando se habla del estigma de la salud mental, hay una frivolidad o nihilismo de voltear a ver a quien tiene un trastorno emocional, como alguien que tiene una depresión y se le va a pasar, no como alguien que tiene un trastorno y hay que ayudar”, dijo.

El diputado panista abordó el tema al inaugurar el Foro “Situación actual, retos y propuestas de los problemas de salud mental en México”.



Refirió que, de acuerdo con el último indicador en materia de salud mental, hay sólo 3.5 psiquiatras por cada 100 mil habitantes para la atención de trastornos mentales.

Döring Casar confió en que, en este foro, los especialistas tracen los lineamientos para que los legisladores sepan lo que tienen que hacer, para compensar lo que no se ha hecho en la materia y que se deje de ver a la salud mental como una secuela o consecuencia natural del tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas.

Explicó que en los últimos años la tendencia del Estado y del Congreso de la Unión ha sido fortalecer la prevención y combate de las enfermedades crónico-degenerativas por encima de las infecto-contagiosas, porque el costo para el Estado de enfrentarlas es altísimo respecto de las otras.



“Se ha dejado en un sesgo de prevención al otro universo de enfermedades”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, Leticia Amparano Gámez, apuntó que la salud mental padece y adolece de muchos estigmas, por lo que se debe atender con la misma intensidad que se atiende la diabetes o el cáncer, porque también mata.

“Necesitamos la prevención, recursos y una ley amplia y sólida que garantice el acceso a la atención de la salud mental por las personas que tienen algún tipo de padecimiento”, asentó.



Expuso que el Congreso de la Unión tiene rezagos en cuanto a la atención de la salud mental, leyes escasas que no garantizan.

Por ello, insistió “es necesario crear alianzas para crear una ley general si nos alcanza, o una reforma a la Ley de Salud para garantizar precisamente la atención”.

Asimismo, el representante de la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, Enrique Gil, resaltó la importancia de desarrollar políticas y programas de salud mental sólidos, fuertes y bien estructurados, que permitan auxiliar a las personas que sufren trastornos mentales por un evento de gran magnitud, como un fenómeno natural o un terremoto y también a aquellas que viven pequeños eventos.



“Es necesario el desarrollo de las primeras ayudas psicológicas en eventos pequeños que no afectan a muchas personas e incluso a personas que pueden estar afectadas individualmente por la muerte de un familiar, un robo, un incendio o un accidente de tránsito”, indicó.

Planteó la necesidad de contar con una evaluación de los sistemas de salud mental para identificar las áreas de fortaleza y aquellas que requieren ser consolidadas.

También propuso impulsar la investigación, a fin de generar nuevos conocimientos para que puedan ser elementos clave en la definición de políticas públicas, programas e incluso dónde se debe poner el recurso financiero.



Durante el foro se llevaron a cabo cinco mesas de trabajo “Hacia la cobertura universal y el acceso a los servicios de salud mental con equidad”, “Derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y experiencias efectivas y prácticas basadas en evidencias” y “Retos para atender la salud mental en el ciclo vital de los mexicanos”.

Además, “Enfoque multisectorial y multicultural de la salud mental y retos para el siglo XXI” y “Experiencias exitosas en las entidades federativas”.

Participaron funcionarios de las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autoridades de salud mental de Jalisco y Morelos, además de organizaciones de la sociedad civil.