Para mover elección de jueces, Sheinbaum plantea cambios a 7 artículos constitucionales

La iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para modificar diversos puntos de la reforma al Poder Judicial aprobada en 2024, plantea cambios de fondo al modelo de elección judicial en México, incluyendo mover la elección prevista para 2027 al año 2028, reducir candidaturas y homologar reglas para los poderes judiciales locales.

No se trata de una reforma menor. La propuesta impacta directamente en 7 artículos de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos: 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122, además de modificar disposiciones transitorias relacionadas con la implementación de la reforma judicial.

El proyecto fue remitido al Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y forma parte de los ajustes derivados de la experiencia obtenida durante el proceso electoral judicial de 2025, considerado el primero en la historia del País para elegir mediante voto popular a integrantes del Poder Judicial.

Uno de los cambios centrales corresponde al artículo 35 constitucional, para establecer que la revocación de mandato se realice el mismo día de las elecciones ordinarias federales o locales del año correspondiente. Con ello, se busca evitar la duplicidad de estructuras electorales, racionalizar recursos públicos y fortalecer la participación ciudadana en una sola jornada democrática.

En materia judicial, la iniciativa propone trasladar la elección judicial prevista para 2027 al año 2028, a fin de hacerla coincidir con el proceso electoral federal ordinario. El argumento central es evitar que el país enfrente procesos electorales complejos en años consecutivos y aprovechar la infraestructura institucional ya desplegada.

La propuesta también plantea reducir el número de candidaturas para que el voto ciudadano sea más libre, informado y comprensible. Para ello, los Comités de Evaluación seleccionarían a las 4 personas mejor evaluadas por cada cargo y posteriormente se realizaría una insaculación pública para definir 2 candidaturas por cargo o especialidad.

Otro punto relevante es el fortalecimiento de los Comités de Evaluación, los cuales deberán operar bajo criterios y metodologías homologadas, verificar requisitos constitucionales y legales, aplicar exámenes de conocimiento y emitir acuerdos que permitan procesos más eficientes y transparentes.

La elección judicial también se reorganizaría por circuito judicial, distrito electoral judicial y especialidad, con el propósito de que cada persona electora pueda votar por los cargos que correspondan a su ámbito territorial y a las materias judiciales respectivas.

La iniciativa incorpora además reglas para garantizar la paridad de género en distintas etapas del proceso, desde la evaluación de aspirantes hasta la conformación final de candidaturas, con el objetivo de evitar discrecionalidad en la asignación de cargos.

Otro cambio importante es que el escrutinio y cómputo de los votos se realice directamente en la casilla donde fueron sufragados, salvo casos excepcionales. Con ello, se busca dar mayor transparencia, certeza y legitimidad al resultado electoral.

La propuesta también prevé la creación de secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determinados asuntos puedan resolverse sin saturar al Pleno, manteniendo a éste como instancia para los temas de mayor relevancia jurídica.

En el ámbito local, la iniciativa establece reglas mínimas para homologar la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces de los poderes judiciales estatales, incluyendo mecanismos de evaluación, paridad, insaculación pública, capacitación y actualización obligatoria.

De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo es consolidar una justicia más abierta, transparente, imparcial y cercana a la ciudadanía, sin sustituir la reforma judicial de 2024, sino profundizándola y corrigiendo aspectos operativos detectados en su primera etapa de implementación.

La iniciativa sostiene que democratizar la justicia no sólo implica abrir la integración del Poder Judicial al voto ciudadano, sino también garantizar que ese proceso tenga reglas claras, mecanismos técnicos de evaluación y condiciones de certeza para quienes participan y para quienes votan.