Parque vehicular de Mixtla de Altamirano no estaba todo inservible; habrá denuncias: Celia García

La subasta de una camioneta Ford Raptor modelo 2023 en 60 mil pesos, junto con otras unidades municipales vendidas como “desecho ferroso”, pese a que algunas se encontraban en condiciones de uso, generó señalamientos de presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano y abrió la puerta a denuncias por un posible engaño al Congreso de Veracruz y un daño al patrimonio municipal.

La alcaldesa electa de Mixtla de Altamirano, Celia García Rodríguez, afirmó que la enajenación del parque vehicular se autorizó bajo el argumento de que las unidades estaban inservibles, versión que, sostuvo, no corresponde con la realidad en al menos algunos casos.

“El tema primordial es la inconformidad ante el Congreso; el por qué se está dando como desecho ferroso una Raptor, que eso es el principal tema que nos atañe y más que nada todo el daño patrimonial que le dejan a nuestro municipio”, señaló la priísta.

La entrevista se realizó en los bajos del Palacio de Gobierno, luego de que la alcaldesa electa, acompañada por alrededor de un centenar de pobladores, acudió al Congreso del Estado para reunirse con el diputado Esteban Bautista y posteriormente sostuvo un encuentro con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, a fin de exponer las inconformidades por la subasta de las unidades.

Rematan unidades

De acuerdo con la información publicada en la Gaceta Legislativa, el Congreso local avaló la baja y venta de unidades, entre ellas camionetas, maquinaria y un autobús, con avalúos que, en el caso de la Ford Raptor 4x4 modelo 2023, se fijaron en 60 mil pesos.

García Rodríguez sostuvo que el precio refleja un remate injusto para el municipio. “Una Raptor del 2023 en 60 mil pesos como desecho ferroso no está regulado. No se nos hace justo y por eso estamos manifestando esta inconformidad”, dijo.

La presidenta municipal electa afirmó que la autorización legislativa se conoció tras su difusión pública y que fue entonces cuando comenzaron las revisiones internas.

“Fue una aprobación del Congreso que se publicó en medios. De aquí se filtró la información del Congreso y es cuando nos empezamos a dar cuenta a través de las redes sociales que habían hecho una subasta aprobada”, expuso.

García Rodríguez señaló que existen indicios de que la documentación presentada para justificar la baja de las unidades no reflejaba su estado real, lo que habría inducido al Congreso a autorizar la enajenación.

“Fue con toda la mala fe del mundo para engañar al honorable Congreso”, afirmó, al señalar que las responsabilidades deberán fincarse a quienes integraron y presentaron el expediente técnico.

La alcaldesa electa adelantó que, una vez concluido formalmente el proceso de entrega-recepción, se presentarán las denuncias correspondientes ante las instancias competentes y se solicitará la intervención del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

“Nosotros tenemos que interponer de manera oficial las denuncias y quejas necesarias. Ellos tratarán de reparar el daño ocasionado, ya que mi presupuesto municipal se vería afectado al tener que comprar nuevas unidades”, sostuvo.

Indicó que hasta el momento se desconoce quiénes adquirieron los vehículos y dónde se realizó la subasta, información que, dijo, deberá transparentarse. “No hicieron públicos los nombres de los compradores. Necesitamos que sea el primero de enero para ver quiénes fueron los compradores, dónde se realizó la subasta, cuánto se recaudó y, sobre eso, fincar responsabilidades”, señaló.

García Rodríguez afirmó que el caso no se cerrará y que el objetivo es que se investigue a fondo la posible presentación de información falsa y el impacto financiero para el municipio.