Peleas de gallos son anticonstitucionales: Red Animalista y Ambientalista

La Red Animalista y Ambientalista de Veracruz dio a conocer que 110 organizaciones de protección a los animales se unieron para firmar una solicitud dirigida a los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente para exhortarlos a dictaminar en contra de la Iniciativa presentada por el diputado Rodrigo García Escalante, sobre el regreso de las peleas de gallos.

A través de un comunicado, la agrupación reiteró su postura sobre que dicha actividad es anticonstitucional, pues existe una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia que no debe ser ignorada.

Asimismo, recordó que el planteamiento sobre la constitucionalidad de la prohibición a las peleas de gallos que establece la Ley Estatal de Protección a los Animales en el Estado de Veracruz, ya fue estudiado por los Tribunales federales, analizado y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



La Red Animalista agregó además que la propuesta presentada por el legislador está viciada desde su origen, por lo que someterla a análisis de la Legislatura es improcedente y ocioso pues ya la SCJN ha resuelto que la prohibición es constitucional y ha entrado en vigor la Undécima Época del Seminario Judicial de la Federación el pasado mes de mayo.

“La prohibición de las peleas de gallos en nuestro Estado se da gracias al rechazo que los veracruzanos tienen hacia actos violentos que lastiman a los animales por mera diversión y por la ganancia económica que representa para unos cuantos”.

El comunicado también refiere que en el 2018, la Comisión Mexicana de Promoción Gallística presentó un amparo en el 2018, mismo que le fue negado; al solicitar la revisión de dicho amparo, fue atraído por la Suprema Corte, cuyo resolutivo fue que la actividad no está protegida por la Constitución.



Se menciona que la resolución se basó bajo las premisas de que independientemente de que la actividad pueda ser considerada una expresión cultural, no por ello obtienen el reconocimiento de protección de la Carta Magna ni del sistema jurídico, además de que en el área económica se establece que no puede ponderarse la derrama económica sobre una actividad ilegal, ya que esto abriría la puerta a otras prácticas ilícitas, entre otras.

Finalmente, el documento hace referencia a que la iniciativa presentada por el diputado parece no comprender la jerarquía de las leyes, e ignorar que uno de los principios fundamentales del derecho es el principio de no regresión, además de que ningún interés económico estará por encima de una práctica ilícita.