Organizaciones nacionales e internacionales urgieron a la Secretaría de la Convención Ramsar y al Consejo de Áreas Naturales Protegidas a pronunciarse en defensa de los arrecifes frente a la conurbación de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, ante los daños ocasionados por la ampliación del puerto.
“El verdadero impacto del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz continúa sin evaluarse conforme a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a los más altos estándares en materia del derecho a un medioambiente sano”, advirtió la organización Territorios Diversos para la Vida (TERRAVIDA), que junto con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y EARTHJUSTICE solicitó una evaluación ambiental integral.
Cabe recordar que, en 2022, la Primera Sala de la SCJN amparó a dos ciudadanas tras concluir que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) fragmentó la evaluación ambiental de la ampliación del puerto de Veracruz, violando el derecho a un medioambiente sano. Por ello, ordenó una revisión integral del proyecto y considerar los daños al Sistema Arrecifal Veracruzano. El reciente llamado de las organizaciones se emitió en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, a tres años de que la SCJN ordenó cancelar las autorizaciones del megaproyecto y realizar nuevas evaluaciones con base en la mejor ciencia disponible.
Las organizaciones denunciaron que la SEMARNAT otorgó una nueva autorización, sin cumplir con las condiciones establecidas. “El impacto ambiental real del megaproyecto aún se desconoce”, señalaron, al advertir que los arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) han sufrido eventos de blanqueamiento en 2023 y 2024, agravados por la sedimentación, el tráfico marítimo y la contaminación derivada de las obras.
A través del oficio SRA/DGIRA/DG-06257-22, la SEMARNAT otorgó una nueva autorización en 2022 sin integrar información científica actualizada, sin garantizar la participación de la población local y sin adoptar un enfoque integral. “No se realizaron nuevos estudios, no se garantizó la participación ciudadana, ni se presentaron medidas suficientes y adecuadas para evitar o revertir los impactos ambientales”, afirmaron.
El análisis de la autorización detectó omisiones sobre los efectos de la construcción en ambientes terrestres y la delimitación de zonas de fondeo a escasos metros de arrecifes como La Loma y Los Verdes Norte. También se alertó sobre los efectos de la extracción de rocas, el incremento del tráfico de embarcaciones y los cambios en las corrientes marinas. Las organizaciones recordaron que la SCJN ordenó a la SEMARNAT gestionar la asistencia técnica internacional en el marco de la Convención Ramsar, pero hasta la fecha no se ha realizado la misión de asesoramiento. “Debido a la falta de gestiones idóneas y significativas, aún está pendiente la misión con personas expertas designadas por la Secretaría Ramsar”.
También se exigió que la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) presentara un programa de restauración ecológica ante el Consejo de Áreas Naturales Protegidas, sin que hasta ahora se haya cumplido esta disposición. “La ampliación del puerto fue nuevamente autorizada sin conocer los verdaderos impactos ambientales ni establecer medidas suficientes para prevenir o revertir los daños”, afirmaron.
Ante ello, pidieron al Juzgado Quinto de Distrito que no dé por cumplida la sentencia de la Corte sin que se realice una evaluación ambiental integral que permita conocer el verdadero riesgo de la obra y los impactos en los ecosistemas y comunidades afectadas.
Finalmente, las organizaciones reiteraron el llamado a las autoridades ambientales para garantizar un manejo costero integral y sentar un precedente ante futuras ampliaciones portuarias y megaproyectos. “Sumemos nuestras voces en defensa de los arrecifes del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano”, concluyeron.