A casi 3 años del primer derrame de hidrocarburos registrado en la comunidad de Arroyo Florido, en el municipio de Coatzintla, pobladores aseguran que la problemática continúa sin resolverse y que las consecuencias ambientales, económicas y sanitarias siguen deteriorando su calidad de vida.
De acuerdo con autoridades auxiliares y vecinos, alrededor de 300 habitantes permanecen afectados por la contaminación generada tras las fugas en un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el cual, afirman, únicamente ha recibido reparaciones temporales pese a que consideran que la infraestructura ya cumplió su vida útil.
La subagente municipal, Alicia Hernández Téllez, recordó que el primer incidente ocurrió el 28 de septiembre de 2023. Desde entonces, indicó, se han presentado otros 3 derrames en el mismo punto, siendo el más reciente durante 2025. Explicó que, aunque la empresa productiva del Estado ha intervenido en diversas ocasiones, únicamente ha colocado parches para contener las fugas, sin reemplazar el tramo del ducto, por lo que el hidrocarburo continúa acumulado en un predio cercano.
Los habitantes consideran que esta situación mantiene un riesgo permanente para la comunidad, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el petróleo vuelve a desplazarse hacia cuerpos de agua y zonas de cultivo. Los daños también han golpeado la actividad agrícola, principal fuente de ingresos para numerosas familias de la localidad. Los pobladores sostienen que la contaminación alcanzó parcelas donde se producen naranja, maíz, plátano, guanábana, chile, tomate y calabaza, reduciendo tanto la producción como las posibilidades de comercialización.
Rachel Calixto Ramírez explicó que varios compradores se niegan a adquirir los productos al considerar que provienen de tierras contaminadas, situación que ha dejado sin ingresos a productores que anteriormente lograban obtener hasta 2 cosechas por año. Añadió que las compensaciones económicas ofrecidas hasta ahora por PEMEX resultan insuficientes frente a las pérdidas acumuladas y que, pese a diversas reuniones con representantes de la empresa, no existe una propuesta que permita reparar el daño ocasionado.
Uno de los principales reclamos de la comunidad es la pérdida de su fuente de abastecimiento de agua. Según los habitantes, el pozo que utilizaban quedó inutilizado tras el primer derrame debido a la presencia de residuos de hidrocarburo. Señalan que el líquido presenta un aspecto aceitoso, coloración oscura y olor a combustible, por lo que dejó de ser apto para consumo humano, labores domésticas, actividades agrícolas e incluso para abrevar al ganado.
Como medida provisional, PEMEX acordó enviar alrededor de 70 mil litros de agua potable por semana; sin embargo, los vecinos aseguran que únicamente reciben entre 3 y 4 pipas, volumen que consideran insuficiente para atender las necesidades de toda la población. Los habitantes también relacionan la contaminación con diversos problemas de salud.
Rachel Calixto señaló que personas que viven cerca del arroyo han presentado vómito, diarrea, irritación de garganta, molestias en la nariz y padecimientos en la piel, síntomas que, afirma, se intensifican cuando las lluvias arrastran nuevamente el hidrocarburo hacia la comunidad.
Por su parte, Carmen Vicente Velásquez denunció que el problema también ha provocado la muerte de animales de traspatio y de ganado. Explicó que gallinas, guajolotes, cerdos, borregos y reses han fallecido después de consumir agua presuntamente contaminada, además de que han encontrado aves silvestres sin vida en las inmediaciones del arroyo.
Los vecinos advirtieron que el petróleo acumulado continúa desplazándose con las corrientes pluviales hacia arroyos que desembocan en el río Cazones, por lo que consideran que la contaminación podría extenderse a otras comunidades, entre ellas La Ortiga, además de representar un riesgo para una fuente de abastecimiento de agua utilizada por habitantes de Coatzintla y Poza Rica.
Ante este panorama, los pobladores reiteraron su exigencia para que PEMEX sustituya por completo el ducto dañado, realice el saneamiento ambiental de la zona, indemnice de manera justa a las familias afectadas, construya un nuevo pozo con tanque elevado y garantice el suministro suficiente de agua potable. Advirtieron que, si no reciben una respuesta concreta en el corto plazo, analizarán emprender nuevas acciones de protesta para exigir una solución definitiva a un conflicto que, aseguran, continúa agravándose desde hace casi 3 años.