Pensionados piden eliminación de cuotas y plazas comodín, pero que vuelva la edad de jubilación

La propuesta de reforma integral a la Ley de Pensiones del Estado, que este miércoles presentaron diputados locales del PAN, PT y MC, elimina la obligación de que los pensionados sigan aportando cuotas; se elimina el salario regulador que promedia el sueldo de los últimos 10 años, por uno que promedie el último año y establece la prohibición de otorgar pensiones si el trabajador no tiene al menos 5 años cotizando en la plaza.

Derivado de esto, se busca poner freno a las plazas comodín, aquellas plazas con sueldos o niveles altos, usadas para que los trabajadores alcancen jubilaciones desorbitadas o que no merecen, y que en gran medida son reflejo de la corrupción que prevalece en el IPE.

Se devuelven los derechos que los trabajadores en activo venían disfrutando, como lo es la edad de jubilación y su cuota de aportación, por falta de transparencia y sustento de la Ley.

Se establece la obligación subsidiaria del Estado para el caso de que alguno de sus organismos incorporados deje de aportar al IPE.
Propone que el director del IPE sea nombrado por el Congreso del Estado mediante una convocatoria pública y una nueva composición del Consejo de Administración del IPE.

En la exposición de motivos se menciona que el IPE ha tenido una administración opaca y desatinada.

El Instituto ha estado en manos de personas poco o nada calificadas para tan seria función. El puesto de Director General del IPE es otorgado por el gobernador en turno a alguien cercano a él, sin importar su idoneidad.

Así como una conformación arbitraria del Consejo Directivo, que es el responsable de las decisiones fundamentales, está integrado por siete representantes del Gobierno del Estado y seis líderes sindicales que, a decir de la población jubilada, no representa a los trabajadores, y se han eternizado en los puestos (por más de 30 años, algunos) y, con la complacencia del Comité de Vigilancia, nombrado por ellos mismos, han administrado de manera irresponsable y con visos de corrupción, las aportaciones del Gobierno y de los trabajadores, así como el patrimonio del propio Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Asimismo, se advierte que la situación del IPE es crítica. Los Resultados de las Cuentas Públicas 2013 practicadas a los Fondos del IPE, reportan que en esas reservas técnicas, es decir, del dinero que han aportado los miles de trabajadores por más de 50 años para jubilarse, sólo existen poco más de dos mil millones de pesos.

Al parecer eso es todo lo que hay: sólo dos mil millones, para una población de más de 27 mil pensionados que durante más de 30 años en promedio, aportaron para su jubilación.

Además, en esos dos mil millones pesos que hasta 2013 existían, se debe incluir la aportación que hoy realizan todos los trabajadores en activo, es decir, más de 98 mil trabajadores en activo afiliados al IPE, 98 mil que quincenalmente se les retiene su aportación, y que lógicamente, esta aportación, estas 98 mil aportaciones, deberían incrementar las reservas cada quince días, pero pese a ello, el IPE enfrenta problemas para realizar el pago de las pensiones.

Sin duda, los ajustes a las pensiones son un tema complicado y nada fácil, pero comprensible cuando se habla con la verdad, por lo que, en tanto se desconozca la realidad de las finanzas del IPE, se haga pública la aparente agonía que padece; por lo que se opta por proponer: que se devuelvan y restituyan a los trabajadores y pensionados, en el goce de sus derechos vulnerados.

Se establece la obligación subsidiaria del Estado, para el caso de que alguno de sus organismos incorporados deje de aportar al IPE. No puede el gobierno lavarse las manos, dejar de aportar cuando tiene la obligación de hacerlo, es responsable, es solidario; son sus trabajadores y él es el patrón, así de simple.

Se elimina el privilegio del borrón y cuenta nueva que contiene la actual Ley, respecto de los registros contables de los fondos de reserva.

Se adiciona como prestación los préstamos hipotecarios y financiamiento general para la vivienda, siempre y cuando existan recursos suficientes para ser destinados a dicha prestación.

Se modifica la integración del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia para romper con el círculo vicioso que por años ha imperado, por lo que se propone su democratización y permanencia temporal de sus integrantes.

El Consejo Directivo y Comité de Vigilancia deberán estar integrados en su mayoría por representantes de los trabajadores y por supuesto de los pensionados y que los acuerdos e informes que se generen en el IPE, sean publicados y gocen de cabal transparencia.

En el caso de los representantes del Gobierno, estos podrán ser impugnados por esta Soberanía en ejercicio de su representación popular.

Además, se propone que ningún integrante del Consejo forme parte del Comité de Vigilancia, y viceversa; ya que actualmente estos órganos son juez y parte, y se han autorizado pensiones ofensivas y prestaciones preferenciales para ciertos sectores, por encima de otros.

Se crea un procedimiento de elección por convocatoria para Director General del Instituto, donde intervendrá este Congreso.

Se establece la obligatoriedad de la rendición de cuentas, hasta hoy ausente; se corrige la redacción de la Ley a efecto de evitar que una mala interpretación, de pauta para algún intento de bursatilización de los dineros de los jubilados y pensionados.

Se establece un régimen de sanciones en el cual los Servidores públicos que otorguen pensiones o jubilaciones en contravención o sean de plazas incompatibles o cuyos montos excedan los límites, incurrirán en daño patrimonial, con independencia de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales que procedan; así mismo, quien reciba indebidamente pagos en exceso producto de pensiones no merecidas, deberá reintegrarlo al IPE.

Se derogan aquellos transitorios que contravienen las presentes reformas propuestas; y se corrigen aquellos que vulneran derechos de los jubilados y pensionados, como lo es el caso de un régimen de transición retroactivo.

En este apartado de reformas a disposiciones transitorias en vigor, se busca garantizar el respeto a los trabajadores o sus beneficiarios que adquirieron la calidad de derechohabientes al amparo de las Leyes de pensiones abrogadas, considerando trabajadores en transición a todos aquellos que ingresaron al servicio con fecha anterior a la entrada en vigor de la presente Ley.