Persiste desacato de Poder Judicial de Veracruz con reinstalar a Concepción Flores: Antonio Barat

Por desacato en materia de amparo las autoridades responsables pueden enfrentar consecuencias constitucionales, penales, administrativas y políticas, incluyendo la destitución y consignación ante autoridades ministeriales, advirtió el presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del estado de Veracruz, Antonio Barat Pérez.

Ante la negativa del Poder Judicial de Veracruz de reinstalar a la exmagistrada María Concepción Flores Zaviaga, el litigante recordó que el desacato se castiga con prisión, multa, destitución e inhabilitación.

En el año 2021, Flores Zaviaga fue obligada al retiro voluntario pese a que tenía el nombramiento de inamovible, por lo que tramitó un amparo. En abril de 2024, la justicia federal le dio la razón y ordenó su reinstalación, pero han pasado dos años y no se ha dado cumplimiento a la resolución. Barat Pérez agregó que el incumplimiento de resoluciones judiciales puede constituir abuso de funciones, desacato, incumplimiento de obligaciones legales y violación al principio de legalidad.



Indicó que el desacato consiste en el incumplimiento total o parcial de una sentencia de amparo por parte de las autoridades responsables obligadas a restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados. Sostuvo que el incumplimiento de una sentencia de amparo constituye una violación grave al orden constitucional mexicano, ya que implica desconocer una resolución judicial federal protectora de derechos humanos.

Aseveró que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y ninguna autoridad puede alegar falta de recursos o cuestiones administrativas para incumplir. “El cumplimiento debe ser total, inmediato y eficaz; el desacato vulnera el Estado Constitucional de Derecho”, añadió.

Manifestó que las autoridades que incumplan una sentencia de amparo pueden incurrir en responsabilidad constitucional y por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede ordenar la separación del cargo, dar vista al Ministerio Público Federal e iniciar un procedimiento por incumplimiento.