Pese a advertencia de CNDH, Gobierno de Cuitláhuac desdeñó riesgo en penales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al Sistema Penitenciario de Veracruz adoptar medidas urgentes de seguridad y gobernabilidad, tras los hechos violentos ocurridos el 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan, donde un motín dejó 8 personas fallecidas y 10 heridas.

“El motín derivó en disturbios e incendios al interior del centro, provocados por las personas privadas de libertad ante su inconformidad por posibles actos de autogobierno, cobros y extorsiones ejercidos por ciertos grupos de personas internas hacia ellas y sus familias”, reportó la CNDH con base en información de medios de comunicación y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

La Comisión lamentó los hechos y recordó que, tras un pronunciamiento emitido en 2023, solicitó a los sistemas penitenciarios del País implementar acciones para garantizar la seguridad, operatividad y respeto a los derechos humanos en los centros de reclusión. Según ese organismo, en junio de 2023, las autoridades veracruzanas reportaron que los 17 centros penitenciarios y el Módulo de Prisión Preventiva del Estado “se reportaban sin riesgos de posibles factores que detonaran incidentes violentos”, y que se mantenía el orden y funcionamiento adecuado.



Sin embargo, los diagnósticos oficiales revelaron deficiencias. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 otorgó al CERESO de Tuxpan una calificación de 7.01. Aunque se reconocieron avances, persistían fallas como la “insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos”, carencia de vías para presentar quejas, falta de supervisión de la persona titular, ausencia de normatividad y clasificación inadecuada de las personas internas. En 2024, el Sistema Penitenciario estatal obtuvo una calificación global de 6.31.

La CNDH advirtió que “se han realizado limitados esfuerzos para contrarrestar dichas deficiencias”, y urgió a las autoridades estatales a salvaguardar los derechos a la salud, integridad, vida y contacto con el exterior de las personas privadas de libertad. Además, exigió garantizar el acceso a atención médica, alimentación e higiene, en especial para niños, niñas y personas en condición de vulnerabilidad.

El organismo autónomo también demandó erradicar factores de cogobierno y prácticas ilícitas dentro de los penales, así como atender la falta de personal de seguridad y custodia. “Se pide verificar que en este y cualquier evento violento que se presente al interior de los centros penitenciarios de esa entidad, éste sea atendido con estricto cumplimiento a los protocolos y/o manuales establecidos”, se indicó.



Finalmente, la CNDH dio a conocer que se mantendrá vigilante de las acciones que implemente el Sistema Penitenciario estatal para restituir la seguridad en el CERESO de Tuxpan y atender las causas que originaron los disturbios, así como la atención a personas privadas de libertad y sus familiares.