Pese a ahorro, faltan 2 mil 300 mdp para organizar revocación de mandato: INE

Ante el recorte presupuestal que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo año, el Consejo General reajustó los recursos y sólo logró disponer de mil 503 millones de pesos para el ejercicio de Revocación de Mandato, que resultan insuficientes para su organización, promoción y desarrollo, dijo Lorenzo Córdova Vianello.

El consejero presidente del INE expuso que con los ajustes se liberaron 445.4 millones de pesos del presupuesto base, que implica la cancelación de la construcción de las Juntas Locales de Querétaro y Colima; se prevé un ahorro de 227.1 millones de pesos en diversas áreas del Instituto; y se dispusieron los 830.5 millones de pesos que estaban destinados para eventuales procesos de consulta popular que ya no se realizarán el próximo año.

Con ese ajuste se logró una disposición de mil 503 millones de pesos para la Revocación del Mandato que son insuficientes, en virtud de que se requieren 3 mil 830 millones de pesos.



Recordó que la Ley Federal de Revocación de Mandato obliga a que ese proceso se organice con las características de una elección federal que, entre otras cosas, exige instalar el mismo número de casillas (más de 161 mil) de un proceso comicial federal.

Expuso que el boquete presupuestal que tiene el INE para llevar a cabo ese proceso es de más 2 mil 300 millones de pesos, por lo que recordó que fue necesario impugnar el presupuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), por lo que reiteró que es falso que el árbitro electoral pretenda impedir la celebración del proceso de Revocación de Mandato.

“Ante la grave situación que tiene el INE por el recorte presupuestal aplicado por la Cámara de Diputados, se decidió promover una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine cómo debe avanzar el Instituto en la Revocación de Mandato y ordene que se otorguen los recursos requeridos”.



Expuso que se estará atento a la resolución de los ministros y se tomarán las decisiones necesarias para garantizar que un ejercicio inédito de democracia directa se lleve a cabo con legalidad, profesionalismo, certeza y la calidad técnica que caracteriza a los procesos electorales.