Pese a crisis en hospitales y anomalías en obras, Gobierno de Nahle libró daño patrimonial

El desabasto de medicamentos en hospitales y las irregularidades señaladas en obras públicas contrastaron con los resultados de la Cuenta Pública 2025 de Veracruz, en la que ninguna de las 16 dependencias del Gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle registró observaciones por presunto daño patrimonial.

Esa diferencia entre las cifras de fiscalización y las condiciones de los servicios públicos concentró este miércoles los cuestionamientos de diputados de oposición durante la discusión del dictamen en el Congreso local.

La revisión del primer año de la administración de Rocío Nahle García abrió un debate sobre los criterios utilizados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para evaluar el gasto público, particularmente ante supuestas diferencias contables por 139.8 millones de pesos en inventarios de medicamentos e insumos de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), clasificadas como observaciones administrativas.



“Los números podrán cuadrar en el papel, pero eso no significa que las cosas estén funcionando allá afuera”, sostuvo la diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, al contrastar los resultados de las auditorías con las denuncias por falta de medicamentos, suspensión de cirugías y carencia de materiales de curación en hospitales.

La legisladora señaló que SESVER dispuso durante 2025 de un presupuesto autorizado de 19 mil 136.9 millones de pesos, pero reportó un gasto devengado de 15 mil 624 millones, con una diferencia de 3 mil 512.8 millones de pesos. El informe de fiscalización no establece que ese monto correspondiera específicamente a recursos destinados a medicamentos o insumos médicos.

Uno de los hallazgos cuestionados fue la observación FP-070/2025/003 ADM, mediante la cual el ORFIS identificó diferencias entre los registros contables y los inventarios de los almacenes de SESVER. Mientras la contabilidad reportaba existencias por 729 millones de pesos, las actas de inventario consignaban 589.2 millones, una diferencia de 139 millones 815 mil 785 pesos.



¿Qué pasó con los medicamentos?

La diputada panista Montserrat Ortega Ruiz cuestionó el destino de los medicamentos, materiales de curación e insumos registrados en esas diferencias, así como las responsabilidades de los funcionarios encargados de recibirlos, almacenarlos y supervisar su distribución. “¿Dónde están esos medicamentos? ¿Dónde está ese material? ¿Dónde están estos insumos? ¿Quién los recibió, quién los registró, quién los custodió, quién tenía la obligación de entregarlos y vigilarlos?”, planteó.

La legisladora sostuvo que las diferencias no debieron limitarse a una observación administrativa y solicitó integrar una comisión para investigar los registros de SESVER. Además de los 139.8 millones de pesos detectados en los almacenes A, B, C y de medicamentos controlados, mencionó inconsistencias superiores a 10 millones de pesos en el rubro de almacenes por recibir.



Señalan obras públicas pendientes

La diputada panista Indira de Jesús Rosales San Román extendió los señalamientos a la fiscalización de obra pública. Según las cifras que presentó, el ORFIS revisó el 55.6 por ciento de las obras municipales, frente al 27.40 por ciento de las ejecutadas por el Gobierno estatal, y cuestionó que se aplicaran criterios distintos ante irregularidades relacionadas con permisos y autorizaciones.

Como ejemplo mencionó el mantenimiento del camino Tebanca-Benito Juárez, en Catemaco, realizado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), donde señaló que la falta de permisos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no derivó en una observación de presunto daño patrimonial.



En contraste, expuso que la construcción con concreto hidráulico de la calle Ávila Camacho, en Tantoyuca, y una red de agua entubada en Plan de Ayala, municipio de Zozocolco de Hidalgo, sí recibieron observaciones de probable daño patrimonial por irregularidades relacionadas con las autorizaciones para el uso del agua. “Me parece que no hubo piso parejo”, afirmó Rosales San Román, quien reclamó que las dependencias estatales y los ayuntamientos sean fiscalizados bajo los mismos criterios, independientemente del partido político que encabece sus administraciones.

La panista también mencionó observaciones relacionadas con una planta de tratamiento en Coatzacoalcos, trabajos carreteros en Las Matas y obras realizadas en instalaciones de la SIOP. Cuestionó que las deficiencias señaladas en esos proyectos no se tradujeran en determinaciones de probable daño patrimonial.

En el debate, la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez sostuvo que la revisión del gasto no debe limitarse a comprobar facturas, contratos y registros contables, sino verificar la entrega de bienes, la ejecución de obras y los resultados obtenidos con los recursos públicos. “Una factura puede demostrar que se pagaron medicamentos, pero no demuestra por sí sola que esos medicamentos llegaron a los pacientes”, expresó.



Gobierno de Nahle quedó sin presunto daño patrimonial en 2025, critican

El diputado priista Héctor Yunes Landa también puso en duda que ninguna de las 16 dependencias de la administración pública centralizada registrara observaciones por presunto daño patrimonial, cuando el informe correspondiente a 2024, último año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, reportó aproximadamente 829 millones de pesos observados en entes estatales.

Para 2025, las observaciones por ese concepto en el conjunto de los entes estatales se redujeron a 4.2 millones de pesos. Yunes Landa pidió explicar si esa disminución respondió a mejoras en los controles administrativos o a cambios en los criterios, procedimientos y muestras de auditoría utilizados por el ORFIS.



“La ausencia de daño patrimonial en un informe de auditoría no significa por sí misma que todo se haya hecho correctamente. Tampoco equivale a certificar que el gasto fue eficiente, que las contrataciones se ajustaron a la ley o que los recursos públicos cumplieron con su propósito”, sostuvo.

El expriista mencionó además el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), donde, según expuso, la Secretaría de Finanzas y Planeación presentó denuncias por un presunto desfalco superior a 280 millones de pesos relacionado con la administración de recursos y operaciones de la Fundación EDAL, A.C. Cuestionó que esos hechos no se reflejaran en una determinación de daño patrimonial dentro de la fiscalización de la universidad.

También reclamó revisar los retrasos en el ejercicio presupuestal de la SIOP, que durante los primeros nueve meses de 2025 había ejercido poco más del 20 por ciento de una bolsa de 4 mil 290 millones de pesos, de acuerdo con las cifras que expuso en tribuna. Yunes Landa dirigió parte de sus cuestionamientos a la exauditora general Delia González Cobos, responsable de entregar los informes de fiscalización antes de concluir su gestión en septiembre. La acusó de favorecer al Gobierno estatal con los resultados de las auditorías, aunque no presentó elementos que acreditaran esa imputación.



La diputada priista Ana Rosa Valdés Salazar cuestionó, por su parte, el procedimiento seguido en la Comisión Permanente de Vigilancia. Aseguró que sus integrantes recibieron el dictamen sin tiempo suficiente para revisar las observaciones correspondientes a cada ente fiscalizable y pidió que las condiciones de los hospitales, las carreteras, las escuelas y los apoyos al campo formen parte de la evaluación del gasto.

Defienden resultados

En contraste, el diputado del PVEM Carlos Marcelo Ruiz Sánchez destacó que las 16 dependencias del Gobierno estatal terminaron la revisión sin observaciones por presunto daño patrimonial y que 30 municipios obtuvieron resultados similares en sus auditorías financieras y de obra pública. Sin embargo, reconoció que 181 ayuntamientos acumularon observaciones superiores a 2 mil 700 millones de pesos y sostuvo que el ORFIS deberá investigar las irregularidades sin distinguir la filiación partidista de las administraciones involucradas.



El informe de la Cuenta Pública 2025 establece un probable daño patrimonial de 2 mil 756 millones 231 mil 698 pesos. De ese monto, 2 mil 709 millones 874 mil 572 pesos corresponden a 181 ayuntamientos; 42 millones 156 mil 725 pesos, a 14 entidades paramunicipales, y 4 millones 200 mil 401 pesos, a 17 entes estatales.

Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada reconoció deficiencias en los informes del ORFIS, particularmente por la falta de elementos para determinar si las irregularidades derivaron de negligencia, problemas administrativos, deficiencias de planeación o conductas deliberadas.

El legislador pidió conocer cuánto dinero se ha recuperado, cuáles observaciones se repiten entre ejercicios fiscales y qué resultados han tenido las denuncias presentadas contra servidores públicos. No obstante, respaldó el dictamen al considerar que el trámite legislativo permite continuar los procedimientos de investigación.



Por MORENA, la diputada Bertha Rosalía Ahued Malpica defendió que los resultados de la Cuenta Pública deben analizarse a partir de las auditorías y la documentación revisada por el organismo fiscalizador, sin que ello implique eximir a las dependencias de las responsabilidades que puedan acreditarse. “La aprobación de este dictamen no extingue la obligación de aclarar lo observado”, expresó, al sostener que las autoridades deberán continuar con los procedimientos administrativos y legales correspondientes.

El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Miguel Guillermo Pintos Guillén, también de Morena, explicó que las observaciones administrativas deberán remitirse a los órganos internos de control y a la Contraloría General del Estado, mientras que los casos de presunto daño patrimonial seguirán su trámite ante el ORFIS.

En el mismo sentido, el diputado del PT Ramón Díaz Ávila sostuvo que corresponde al organismo fiscalizador promover las acciones administrativas o penales cuando existan elementos para determinar responsabilidades. Pidió a los ayuntamientos fortalecer sus áreas financieras y de obra pública para evitar irregularidades en la comprobación de gastos.