De las 32 corporaciones policiales estatales, la de Veracruz es la segunda mejor evaluada en todo el país; la primera es Querétaro con calificación de -18; Pese a lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad incumple con la mayoría de los parámetros en las normativas que la rigen.
De acuerdo con el Índice de Transparencia Policial (INTRAPOL) de la organización civil
Causa en Común, ninguna de las corporaciones de seguridad pública en México cumple a cabalidad con los lineamientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo la falta de profesionalización y capacitación de los elementos policiales una de las mayores carencias.
El índice de desarrollo policial de
Causa en Común evalúa cinco ejes: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, certificación y seguridad social. La puntuación de la medición va de -100 a 0 puntos, siendo cero la mejor calificación.
En el caso de Veracruz, obtuvo una calificación de -25 puntos, que lo coloca como el segundo mejor evaluado, pero sin lograr cumplir prácticamente ninguno de los ejes evaluados con la calificación requerida por la medición.
Carrera policial
Definida como el conjunto de procesos, normas y oportunidades que regulan la formación, promoción, profesionalización y desarrollo de las y los policías, Veracruz obtuvo una puntuación de -10.
Los indicadores evaluados en este eje corresponden a las políticas públicas existentes en cada corporación; la normatividad; el nivel de estabilidad laboral en la corporación; el sistema de promociones; el régimen de estímulos y el sistema de retiro digno.
Entre los principales hallazgos se encontró que sólo 10 entidades cuentan con perfiles de puesto, Veracruz incluidos y sólo siete mostraron evidencia de contar con los instrumentos normativos para el sistema de promociones, también incluyendo a Veracruz.
Profesionalización
La profesionalización es el proceso de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales.
Para el caso, en términos generales tiene que ver con contar o no, con academias de policías aptas para su formación, las capacitaciones que se llevan a cabo sobre uso de la fuerza y derechos humanos; la existencia de equipo de protección necesario; la capacidad directiva de los mandos y los lineamientos referentes al sistema de justicia. En este eje, Veracruz obtuvo -18 puntos.
Se encontró que sólo doce entidades cuentan con Academias equipadas con stand de tiro, pista de manejo, casa táctica, aulas, auditorio, salas de cómputo, dormitorios, comedor, servicio médico, gimnasio y pista del infante.
“Esto significa que menos de la mitad de los policías en México se pueden capacitar de manera integral en sus corporaciones”, señala el informe.
Veracruz no es mencionada dentro de esas doce entidades; donde sí cumplió es en la emisión de protocolos sobre uso de la fuerza y la proporción de armas incapacitantes a los elementos.
Régimen disciplinario
Se refiere al conjunto de normas, procedimientos y mecanismos establecidos para regular el comportamiento y la conducta de los miembros de las fuerzas policiales. Este régimen tiene como objetivo mantener la disciplina, la integridad y la ética dentro de la institución policial, promoviendo así un desempeño profesional y responsable en el ejercicio de sus funciones.
En este rubro, Veracruz tuvo la calificación menos mala, -19 puntos. Y es que, aunque tiene un código de ética y conducta, no cuenta con un protocolo de investigación para indagar sobre conductas inapropiadas de sus elementos policiacos.
Certificación
La certificación tiene por objeto acreditar que el servidor público es apto para permanecer en las instituciones y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Asimismo, el proceso de certificación en las corporaciones de policía implica la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares y requisitos establecidos en el marco legal nacional para garantizar la calidad y la idoneidad de los cuerpos de seguridad.
En la evaluación, Veracruz obtuvo -31 puntos de calificación, pues señaló que sí cuenta con metas claras de evaluación.
Sin embargo, se exhibió que, aunque hubo elementos que no aprobaron los controles de confianza, no registraron bajas, “a pesar de que, el Artículo 65 de la LGSNSP señala que ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones sin contar con su certificación aprobada y vigente”.
Seguridad Social
Finalmente, en el rubro de seguridad social Veracruz obtuvo una calificación de -50 puntos, al no contar con un régimen complementario de seguridad social.
El régimen de seguridad social complementario en las corporaciones de policía se refiere al conjunto de prestaciones y beneficios adicionales que se otorgan a los miembros de las fuerzas policiales, con el fin de complementar y fortalecer su seguridad social más allá de las prestaciones establecidas por el sistema general de seguridad social.
Causa en Común concluye que el desarrollo policial en México enfrenta “importantes desafíos que limitan su eficacia y afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad”.
Estos desafíos, agrega, incluyen la falta de profesionalización y capacitación de los elementos policiales, así como la militarización del país y el mayor énfasis en las Fuerzas Armadas en lugar de las corporaciones de policía.
“El Índice de Transparencia Policial (INTRAPOL) elaborado por Causa en Común ha revelado una situación preocupante en todo el país. Ningún estado cumple con los estándares mínimos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que demuestra las deficiencias en el desarrollo policial y la necesidad de implementar medidas urgentes para mejorarlo.
“La calificación más baja en el INTRAPOL se encuentra en el eje de certificación, lo que implica que muchas corporaciones de policía no cumplen con los estándares mínimos de calidad y eficiencia exigidos por la ley. Esto pone en riesgo la confianza de la población en las instituciones de seguridad y tiene graves implicaciones para la seguridad ciudadana”, refiere.