Pese a enfrentar denuncia penal, Presidente del TEJAV es ratificado en el cargo

El Pleno de Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TEJAV) ratificó al magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez como presidente de ese órgano autónomo para el periodo de enero de 2022 a enero de 2024.

No obstante, Pérez Gutiérrez enfrenta una denuncia penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito interpuesta por un particular ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, ha sido señalado por la Contraloría General del Estado de proteger a exservidores públicos presuntos responsables de irregularidades financieras.



Y no tiene la obligación de comparecer ante el Congreso del Estado, sólo la de presentar un informe anual de actividades.

En enero de 2020, Pérez Gutiérrez fue designado magistrado presidente del TEJAV para el periodo de 2020/2022 y al vencer el plazo fue ratificado por otros dos años.

De acuerdo con el Reglamento Interior del TEJAV, el Titular de la Presidencia será electo por los Magistrados en la primera sesión siguiente a aquella en la cual concluya el período del presidente en funciones y podrá ser reelecto por una sola vez.



Las magistradas Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez y el magistrado Pedro José María García Montañez, quien fue el primer presidente del TEJAV y que no fue ratificado al concluir su periodo, ratificaron por unanimidad a Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez.

El TEJAV es el órgano autónomo competente para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.

Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales y a los particulares afectados por los hechos o actos de servidores públicos.