Pese a evidencias, Rogelio Franco asegura respeto a derechos humanos en el Gobierno

Pese a registros de fotografías y videos que demuestran el uso de la fuerza pública en desalojos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castan, rechazó que se estén violentando los derechos humanos en la actual administración.

Aseveró que en casos como el de Córdoba, su dependencia sólo “acompañó” a un Juzgado en la ejecución de un mandato de desalojo de algunas viviendas; subrayando que este asunto no involucra a la organización Antorcha Campesina.

Cuestionado sobre los hechos en Casitas, en el municipio de Tecolutla, donde incluso se reportó la agresión de una reportera, el funcionario estatal aseveró no tener registro en cuanto a la aplicación de la llamada “ley del tolete”.



Cabe señalar que ayer se dio un desalojo en la colonia El Trébol, de Córdoba y se reportaron agresiones de granaderos de la SSP contra los colonos, quienes argumentaron que la ubicación del lugar para retirar la vivienda era incorrecta.

Sobre este asunto se posicionó la organización Antorcha Campesina a través de la diputada Janeth García Cruz, quien acusó que las 50 familias afectadas tienen 20 años viviendo en ese lugar y pese a esto, unos 100 granaderos agredieron a 10 vecinos, quienes requirieron atención médica.

En cuanto a las inconformidades de los profesores disidentes con la Reforma Educativa, programadas para este viernes, mencionó que todas las carreteras y autopistas están abiertas; de ahí que se tiene “un día normal”.



En entrevista durante la guardia de honor con motivo del 207 aniversario de la Independencia de México, en el parque Los Berros, de Xalapa, Franco Castan también se deslindó de los reportes de mineras que siguen explorando en Actopan.

Indicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación es responsable de este asunto y cuando esta dependencia resuelva si proceden acciones de minería en la zona, el Gobierno del Estado fijará una postura.

Finalmente, descartó que personal de la Secretaría a su cargo haya descontado recursos a los beneficiarios del Fondo de Apoyo a Migrantes e invitó a quien reportó dicha situación a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.



“Yo invito a quien señale esto a que denuncie en la Fiscalía General del Estado; nosotros estamos combatiendo la corrupción y no vamos a permitir estos actos”.

En ese sentido justificó que en Juchique de Ferrer existen conflictos “políticos” que tienen que ver con la cuestión poselectoral en cuanto a quienes perdieron las elecciones; minimizando los señalamientos de que por su parte apoyó la campaña de la candidata del PAN-PRD, Lizbeth Portilla.