Pese a negro historial, alcaldes cobijaron a Director de Gobernación de Orizaba

La Policía Municipal de Orizaba y el director de Gobernación con licencia, Juan Ramón Herebia, mantienen un expediente negro ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En los últimos dos gobiernos municipales existen recomendaciones que señalan la participación de los elementos de la corporación y del funcionario municipal en abuso de autoridad, detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza pública, agresiones a menores de edad con gas lacrimógeno y otros casos más.

La mayoría de los señalamientos de la CEDH, a cargo de Namiko Matzumoto Benítez, han sido desatendidos, tanto por el actual alcalde priísta, Igor Fidel Rojí López como por el exalcalde Juan Manuel Diez Francos, quien también es militante del tricolor.



Cabe señalar que ambos munícipes incumplieron con recomendaciones del organismo y pese a los señalamientos en contra de los policías y de Juan Ramón Herebia optaron por mantener a éste en el cargo durante sus respectivas administraciones.

Por esta razón, incluso la CEDH está en posibilidad de solicitar la comparecencia de Rojí López ante el Congreso de Veracruz, según establecen sus mismas recomendaciones.

Hay que recordar que el Director de Gobernación con licencia y 6 policías municipales están involucrados en el asesinato de los hermanos Román y Ernesto Pérez González, hecho que generó indignación en Veracruz al tratarse de profesionistas sin antecedentes criminales.



En un primer momento las autoridades trataron de señalar que los elementos tuvieron un enfrentamiento con los finados, argumentado que los persiguieron luego de verlos circular a exceso de velocidad para después dispararles, pues uno de ellos habría efectuado detonaciones en su contra.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por los padres de las víctimas, quienes señalaron que uno de sus dos hijos se encontraban durmiendo en su casa y salió a ver qué pasaba cuando escuchó detonaciones afuera de la vivienda, momento en que los elementos le habrían disparado por la espalda a él y a su hermano, para después alterar la escena donde ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha procedido contra Herebia, pero este sábado en audiencia de control de la detención se consiguió que los 6 ex elementos municipales recibieron dos años de prisión preventiva tras ser imputados por los delitos contra la preservación del lugar de los hechos y homicidio doloso calificado.



No obstante, según la madre de Román y Ernesto Pérez González, el Director de Gobernación, quien pidió licencia tras los hechos, es responsable de alterar la escena; además de negarle atención médica a sus hijos, quienes se desangraron en la puerta de su hogar.

Negro historial

Desde 2013 al 2018 el ayuntamiento de Orizaba y sus policías municipales han generado 10 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos.



En cuanto al cumplimiento de los últimos seis expedientes el organismo no registra ningún avance en por lo menos uno; mientras que en el resto registró cumplimientos de 48, 55, 40, 21 y 62 por ciento.

La recomendación 32/2018 hasta el momento tiene un 0 por ciento de cumplimiento; aunque ésta se hizo desde el mes de julio y corresponde al gobierno de Rojí López atenderla.

La anterior, 17/2017, misma que la administración de Juan Manuel Diez Francos tampoco acató, apenas tiene un 48 por ciento de avance en cumplimiento.



Según el expediente CEDH/1VG/COR/381/2017, de la recomendación 32/2018, elementos de la Policía Municipal de Orizaba privaron de su libertad a un ciudadano sacándolo de su domicilio sin justificación alguna.

“Sin motivo me detuvieron, con lujo de violencia me tiraron al suelo, me esposaron, me llevaron a la Comandancia, donde me tuvieron más de dos horas sin darme una explicación de qué sucedía o qué había hecho.

“Incluso, un policía que ahí labora en tono burlón me dijo: 'ya te voy a rapar', debido a que tengo el cabello largo; al cabo de ese tiempo un abogado, supongo que trabajador del Jurídico de la Policía, me dijo: 'ya te puedes retirar, no hay delito que perseguir'”.



Esto ocurrió el 16 de junio del 2017 y la CEDH encontró que la Policía Municipal actuó alejada del estándar normativo, pues no se encontraban realizando actos de investigación de hechos posiblemente constitutivos de delito ni contaban con un mandato emitido por la autoridad competente que justificara la detención del agraviado.

Por tal motivo, se instruyó al Presidente Municipal de Orizaba a girar instrucciones para capacitar eficientemente a los policías municipales en materia de promoción, respeto, defensa y garantía de los derechos humanos; específicamente al derecho a la libertad y seguridad personales e intimidad.

En cuanto a la recomendación 17/2017 la CEDG involucra al director de Gobernación Juan Ramón Herebia, quien ordenó la detención ilegal de una persona, vulnerando su derecho a la libertad y seguridad personales y el derecho a la integridad personal.



“Llegaron varias patrullas y se metieron policías, me sacaron a golpes, pues me aferré a un tubo y ahí a jalones y todo me sacaron, me echaron en la batea, arrancaron y me golpeé la cabeza, me llevaron a la Inspección donde me metieron a un cuarto y varios policías me golpearon.

“Incluso el mismo JRH le decía a los policías que me dieran duro, que si me moría nadie se había dado cuenta (…); me llevaron a una celda y me raparon por órdenes de JRH, recibí golpes en todas las partes de mi cuerpo; de ahí me llevaron a unos baños y querían que dijera que era halcón”.



“MGS fue detenido ilegalmente el 6 de abril del 2016 por elementos de la Policía Municipal de Orizaba, Veracruz, al mando de JRHH, director de Gobernación Municipal de dicho lugar.

“Durante la detención del ciudadano se hizo uso injustificado de la fuerza, causándole afectaciones en su integridad personal, pues se acreditó que los elementos responsables lo golpearon y raparon”.

Así, la Comisión solicitó al entonces Alcalde determinar la responsabilidad a través del correspondiente procedimiento administrativo y/o disciplinario y capacitar eficientemente a los servidores públicos involucrados en el caso.



La recomendación tiene un 48 por ciento de cumplimiento, pese a que fue emitida en 2017, por lo que el afectado no ha accedido a los recursos del Fondo y Reparación Integral; aunque se implementó un proceso administrativo y disciplinario sin garantizar su revictimización.

2016, año en que policías de Orizaba cometieron más abusos

En 2016 la CEDH generó 4 recomendaciones al ayuntamiento de Orizaba por distintas violaciones a derechos humanos por parte de sus policías municipales; en una también se involucró a Herebia.



Así, la recomendación 29/2016 establece agresiones de los elementos municipales de Orizaba contra 12 personas indígenas, todas comerciantes, incluyendo a un menor de 13 años, durante dos desalojos en los que utilizaron toletes y gas lacrimógeno.

“El día 20 de febrero del año en curso, acompañaba a mi hermana que vendía juguetes, cuando llegaron unos policías, rociaron gas lacrimógeno y como se querían llevar a mi hermana, la jalé y un policía me empujó con fuerza, por lo que me caí al suelo y me lastimé una mano”, relató el menor.

“Llegaron unos policías y nos empezaron a empujar con sus escudos, me echaron gas en los ojos y uno de ellos me golpeó con el puño en el hombro derecho, me duele mucho; sin motivo me golpearon”, acusó otro de los comerciantes golpeados.



La CEDH comprobó que elementos de Orizaba realizaron detenciones los días 20 de febrero y 5 de abril del año en curso, existiendo motivo y fundamento legal, ya que procedieron en contra de vendedores ambulantes sin permisos.

No obstante, el organismo también acreditó que policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del citado Ayuntamiento, incurrieron en actos consistentes en el uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública.

“Para desalojar del Parque ‘Castillo’ y del Mercado ‘Melchor Ocampo’ a vendedores indígenas provenientes de Ixhuatlancillo, violentando con ello su derecho a la integridad personal”.



El entonces alcalde Juan Manuel Diez Francos sólo cumplió en un 55 por ciento la recomendación, al no dar cursos de capacitación a los policías en respeto a los derechos humanos y tampoco implementó una guía sobre el uso adecuado de la fuerza pública.

En la recomendación 33/2016 se comprobó que los policías municipales detuvieron un autobús para proceder en contra de comerciantes de Ixhuatlancillo, como parte de un operativo de Policías Municipales y Tránsito Municipal.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril del 2016 y la Comisión comprobó las acciones arbitrarias en que incurrieron los servidores públicos señalados como responsables, violentando los derechos de integridad personal de 3 personas.



Dicha recomendación apenas y registró 40 por ciento de cumplimiento, sancionando a 6 elementos responsables, pero sin pagar una indemnización justa a los afectados e implementar cursos en derechos humanos.

La recomendación 37/2016 demostró que un ciudadano fue detenido ilegalmente el 26 de septiembre de 2015 por elementos municipales, al salir de un bar con una amiga.

“Abordó el carro y me bajó a golpes, rasgando mi ropa; mientras que el resto de los oficiales jaloneaban a mi papá y a mi amiga para que no intervinieran, los tenían sometidos. Cuando la oficial logró bajarme del auto a golpes me aventó al piso, azotó mi cabeza contra el pavimento y me puso de rodillas mientras me esposaba con golpes e insultos. Me levantó violentamente del piso y ella y su compañera me llevaron a la batea de la patrulla”.



Dicha recomendación sólo generó 21 por ciento de cumplimiento, al no implementar debidamente un procedimiento administrativo disciplinario; además de que no se pagó indemnización al afectado, no se capacitó a los servidores públicos involucrados y tampoco hubo garantías de no revictimización.

Finalmente, la recomendación 42/2016 también involucra al Director de Gobernación con licencia, Juan Ramón Herebia y policías municipales por agredir a un vendedor de dulces.

“Quedó debidamente acreditado que el 16 de marzo de 2016 elementos de la Policía Municipal de Orizaba detuvieron de manera ilegal al C. RZM, de ocupación comerciante y lo despojaron de la mercancía que llevaba, vulnerando sus derechos humanos a la libertad y seguridad personales, a la propiedad y a la seguridad jurídica”.



Según la victima, el Director de Gobernación lo insultó supuestamente por vender en un lugar prohibido sus productos, aunque contaba con permiso para hacerlo; sin embargo, ordenó posteriormente su detención.

“Un oficial que venía con él, robusto y pelón se bajó también y nos preguntó que si teníamos permiso, se lo mostré y luego me pidió mi identificación y el otro señor no traía, por lo que el oficial se dirigió al Director de Gobernación Municipal y le dijo que sí traía permiso.

“El director de Gobernación dijo: 'me vale madres' y tomó su radio y llamó a las patrullas, una de ellas era la número 69, cuando se bajaron los efectivos, les ordenó de manera prepotente y con groserías: 'a ver cabrones, levántenme estas chingaderas'”.



Por esta recomendación el Alcalde apenas y generó un 62 por ciento de cumplimiento, implementando un procedimiento administrativo contra Herebia y 3 policías municipales; así como una oficial.

Aunque restituyeron los productos parcialmente y el dinero que el comerciante perdió por su detención, no se implementaron cursos de capacitación a los responsables.

Son comunes abusos de policías orizabeños



En 2015, según la recomendación 10/2015, la CEDH encontró que elementos municipales incurrieron en abusos de autoridad en contra de un ciudadano y su hija, una menor de edad.

Los abusos se cometieron el 23 de febrero del 2014, cuando inspectores de Comercio y policías agredieron a un vendedor de globos.

“Durante el trámite del expediente se acreditó que, efectivamente 'C1' y su menor hija fueron objeto de malos tratos atribuibles a 'S1', 'S2', 'S3' y 'S4', inspectores de Comercio adscritos a la Dirección de Comercio; así como elementos de la Policía Municipal de Orizaba”.



En 2013, al inicio del gobierno de Juan Manuel Diez Francos, se emitió la recomendación 04/2013 al edil, por agresiones de policías a un ciudadano y sus dos hijos.

“Esto debido a que un ciudadano manifestó hechos violatorios de sus derechos humanos y de sus menores hijos ‘R1 y R2’, atribuidos a elementos de la Policía Municipal de Orizaba”.

El 10 de mayo del año de 2012 los detuvieron y lesionaron de manera injustificada, lo que se pudo acreditar por el organismo.



“Durante el trámite del expediente en estudio, quedó plenamente demostrado que el 10 de mayo del 2012, alrededor de las 22:30 horas, en la calle Francisco I. Madero Norte, esquina con poniente 2 de la colonia Centro de la ciudad de Orizaba, 'C1' y su menor hijo 'R1' fueron detenidos por 'S1', 'S2' y 'S3', elementos de la Policía Municipal de Orizaba, sin que mediara orden de presentación, detención, aprehensión o reaprehensión”.

En la recomendación 9/2013 la CEDH de igual forma encontró violaciones a los derechos humanos de una ciudadana por parte de la administradora de un mercado y elementos municipales.

Finalmente, en la recomendación 50 /2013 se comprobó que un ciudadano fue intervenido de manera injustificada por "S1" y "S2", elementos de la Policía Municipal de Orizaba, sin que contaran con mandamiento emitido por autoridad competente o sin que fuera sorprendido en la comisión flagrante de una conducta delictiva.



Estas últimas recomendaciones, según la Comisión, fueron acatadas por la autoridad responsable, en este caso el Presidente Municipal.