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Universidad Anahuac

Sección: Estado de Veracruz

Pese a Plan de Austeridad Poder Judicial solicitó ampliación presupuestal

- Actualmente cuentan con más de mil 614 mdp y un déficit de 500 millones

- Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad 2021 apenas entró en vigor el 1 de agosto

Javier Salas Hernndez Xalapa, Ver. 22/08/2021

alcalorpolitico.com

Tal parece que el “Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad 2021” del Poder Judicial, que pretende racionalizar el gasto para enfrentar su crisis financiera, no está funcionado, toda vez que Isabel Inés Romero Cruz, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se ha visto en la necesidad de solicitar al Congreso del Estado una ampliación presupuestal.

Este año, el Poder Judicial ejerce un presupuesto de 1 mil 614 millones 280 mil 299 pesos, sin embargo, enfrenta un déficit de aproximadamente 500 millones de pesos, por el pago de bonos y compensaciones millonarias a Magistrados y Consejeros de la Judicatura.

A pesar de que el “Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad 2021 entró en vigor el 1 de este mes de agosto y estará vigente hasta el 21 de diciembre de este año, no está dando los resultados esperados.



Por ello, Romero Cruz envió al Congreso del Estado una solicitud de ampliación presupuestal para cumplir las funciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial.

Para su estudio y dictamen, la solicitud de ampliación presupuestal será analizada por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, Presidenta; y por los diputados Alexis Sánchez García, Secretario y Eric Domínguez Vázquez, Vocal.

Entre las medidas contempladas en el Plan de Austeridad destaca un exhorto a los Magistrados y Consejeros de la Judicatura a reducirse “voluntariamente”, al menos, el 30% de su compensación, solo del 1 de agosto al 31 de diciembre de este año.



También se exhorta al personal de confianza a reducirse voluntariamente, por lo menos, el 20% de su compensación.

Aunque otras medidas que sí fueron decretadas fue la cancelación de cualquier Acta del Pleno que haya autorizado para los Magistrados y Consejeros, cantidades económicas adicionales a las prestaciones que tienen contempladas en la Ley o en los sistemas de haberes de retiro.



Quedó prohibida la compra de arreglos florales, donativos, obsequios, y en general, cualquier gasto de representación o similares; así como la adquisición de bienes con el objeto de obsequiarlos a título personal u oficial.

Así como la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas y compras de mobiliarios de lujo con recursos del erario público.