Entre reclamos, de forma anómala, Poder Judicial de Veracruz elimina Séptima Sala

En sesión privada, el Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) eliminó su Séptima Sala, pese a la inconformidad de los magistrados Raúl Pimentel Murrieta, Alberto Sosa Hernández y Martha Ramírez Trejo, quienes la integraban.

La reestructuración de las Salas se avaló con 9 votos a favor en medio del descontento de empleados y abogados que acudieron a la sesión, a quienes con uso de elementos de seguridad se les negó la entrada al igual que a los medios de comunicación.

Solamente el magistrado Pimentel Murrieta votó en contra de la medida como presidente de la Séptima Sala y señaló que también se aprobó que la Sala Constitucional sea provisionalmente Sala Auxiliar en las demás materias; de ahí que conocerá de las excusas planteadas entre las Salas del Tribunal.

Al subrayar que con estas medidas quienes pierden son los veracruzanos, Pimentel Murrieta adelantó que junto con Sosa Hernández y Ramírez Trejo analizará si es viable impugnar el acuerdo “a través de los medios jurídicos respectivos”.

Cabe señalar que la propuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, para suprimir esta Sala, fue sustentada con el argumento de generar austeridad, pues “permitiría un ahorro de 35 millones de pesos anuales”.

La medida también se justificó ante la ausencia de 13 magistrados por jubilación, a espera de que el Poder Ejecutivo y el Congreso propongan y aprueben los nuevos nombramientos, ya que la situación se agrava con la ausencia de otro magistrado por enfermedad.

Además, según la estadística del Tribunal Superior, sustentadas por las mesas de turno de la Secretaría General de Acuerdos, en la última década las Salas Penales han bajado sus números en un 49.12 por ciento, atribuyendo las cifras a los beneficios del nuevo sistema de justicia penal.

De acuerdo con la propuesta las Salas Penales, atienden 31.8 por ciento menos asuntos por Sala que sus pares Civiles y 29.6 por ciento menos asuntos por Sala que sus pares Familiares; de ahí que estimaron viable eliminar una sala penal.

De esta manera, al pasar de 4 a 3 salas para el próximo 17 de septiembre se ajustaría la cifra actual de 832 asuntos atendidos por Sala Penal a mil 109; lo que genera la supuesta viabilidad de eliminar la Séptima Sala Penal, creada en 2003.

“Se nivelaría entonces la carga de trabajo atendido por cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, al quedar mil 109 asuntos por Sala Penal, mil 220 asuntos por Sala Civil y mil 414 asuntos por Sala Familiar”.

Hubo anomalías en eliminación de Sala

No obstante, Pimentel Murrieta replicó que hubo vicios de origen en el Pleno del Tribunal Superior que se integró este miércoles para la eliminación, toda vez que votaron algunos magistrados que carecen de legitimidad como presidentes de Salas.

“El magistrado Alfonso Balderas Ramírez fue designado como presidente de la Primera Sala (actualmente ausente por enfermedad). En consecuencia, el magistrado Marco Antonio Lezama Moo carece de legitimación para votar en representación de la Primera Sala”, planteó como ejemplo.

Detalló que Lezama Moo fue adscrito por el Pleno del Tribunal en la Tercera Sala y no existe ningún acuerdo modificatorio, de ahí que no puede dársele personalidad de Presidente de la Primera Sala con derecho a voto en este asunto.

Expuso que un caso similar es el de la magistrada de la Sala Constitucional, Lizbeth Hernández Ribbón, quien votó como Presidenta de Sala tras ser nombrada por dos personas que carecen de perfil de magistrados y de legitimación.

Además, dijo que si existe una disminución en los asuntos de las salas penales no se puede atribuir completamente al nuevo Sistema, agregando que la Séptima Sala fue la primera en asuntos resueltos en 2017.

A su vez, el magistrado Pimentel Murrieta criticó que en el acuerdo se estableció que los magistrados que se quedaron sin sala se integrarían provisionalmente a alguna de las ponencias vacantes existentes en la 1ra, 3ra, y 5ta salas y que el personal adscrito será reubicado, en su totalidad, en espacios de igual o mejor categoría dependiendo de sus perfiles y atendiendo a las necesidades del servicio.

“Si se reubica de esta forma es evidente que no existe un principio de austeridad, solamente de una pretensión de desintegrar una sala (...), pero ya se comprometieron a que se respetarán los puestos de trabajo y que cada magistrado se lleve a sus secretarios proyectistas y auxiliares a sus nuevas salas”.

Agregó que una simple consulta al INEGI advierte que Veracruz se quedará con 3 salas penales, cuando tiene más de 8 millones de habitantes; mientras que otras entidades como Nuevo León, con más de 5 millones de habitantes tiene 6 salas penales, al igual que Oaxaca con casi 4 millones de habitantes.

Finalmente, el magistrado sostuvo que no existen estudios actuariales para avalar la medida; tampoco se consultó a la Fiscalía para advertir el número de carpetas de investigación pendientes de ejercicio de acción penal “que son miles”, ni el número de procesos en trámite en los juzgados penales, entre otros puntos.

Cabe señalar que la Sala también se eliminó a pesar de que su presupuesto ya está incluido en el Ejercicio 2018.

Por su parte, el secretario general del Tribunal, Andrés Domínguez Fernández, justificó que el proyecto de que la Sala Constitucional sea provisionalmente Sala Auxiliar ya se ha analizado desde hace tiempo.

“La Sala Constitucional tiene poca estadística o pocos asuntos, ya que muchos se han sobreseído con la reforma de Derechos Humanos de 2008 (…); muchos de sus asuntos se dan vía amparo”.

Domínguez Fernández aseveró que se aprovechará a los magistrados y el personal de esa Sala, sobre todo en asuntos en materia Familiar.

Sin importar los argumentos en contra, la Sala fue desaparecida con el voto a favor de Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal; así como Marco Antonio Lezama Moo como presidente de la primera Sala y Vicente Morales Cabrera por la segunda.

También por los magistrados Julio César Contreras Fernández, como presidente de la tercera Sala; Víctor Manuel César Rincón, por la cuarta; Beatriz Rivera Hernández, por la quinta; Roberto Armando Martínez Sánchez, en la sexta y en la octava por Fluvio César Rafael Vista.