Aunque la síndica del Ayuntamiento de Tlilapan Jovita Cortés Guzmán fue inhabilitada por 10 años por cometer una falta administrativa grave sigue en funciones y cobrando del erario porque el Congreso de Veracruz no ha actuado para removerla.
La resolución fue emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y señala que la síndica se negó a entregar la firma electrónica del municipio, lo que provocó que el Ayuntamiento incumpliera sus obligaciones fiscales, lo que generó recargos, actualizaciones y un daño al patrimonio municipal.
Aunque la inhabilitación fue dictada en diciembre de 2024 y entró en vigor el 3 de este mes de septiembre de 2025 su remoción ha procedido por omisión del Congreso. Y es que este órgano debe calificar la falta como grave y proceder a destituirla, pero no lo ha hecho. Mientras tanto, Cortés Guzmán sigue cobrando su salario.
Expertos advierten que esta omisión del Congreso puede interpretarse como negligencia ya que no está cumpliendo con su obligación de vigilar y sancionar a los servidores públicos. La sanción implica que la funcionaria no podrá ejercer ningún cargo público hasta 2035, por lo que su permanencia en el cargo representa un riesgo para las finanzas municipales.