La concentración de contratos para producir material electoral en manos de menos de seis empresas podría haber generado sobreprecios durante más de 20 años en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLE) del país, advirtió el diputado federal veracruzano Javier Herrera Borunda, quien planteó investigar el mercado de proveedores para determinar posibles irregularidades y la existencia de un oligopolio.
Durante una entrevista sobre los trabajos de fiscalización en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que la contratación de materiales electorales podría presentar distorsiones que se remontan a distintas administraciones, tanto federales como estatales.
"Siento que el material electoral en general, no de ahorita, estoy hablando más de 20 años, hay oligopolios, son muy pocas las empresas que participan. Si vemos cómo está en los OPLEs, no hay más de cinco empresas que tienen los contratos y eso yo creo que ha generado una distorsión en el mercado", declaró.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció que todavía no cuenta con pruebas para acreditar sobreprecios o conductas irregulares, pero consideró necesario que las autoridades investiguen cuánto cuesta fabricar los insumos electorales y cuánto pagan por ellos las instituciones. "No tengo todavía las pruebas, espero que las puedan conseguir las autoridades competentes, pero lo sospecho, donde se han inflado estratosféricamente los costos", sostuvo.
Herrera Borunda advirtió que el problema podría extenderse más allá de la administración del INE, encabezada por Guadalupe Taddei Zavala, debido a que la concentración de proveedores habría persistido durante distintos periodos y gobiernos. Explicó que los costos de contratación, cuando están por encima de los precios de mercado, pueden generar incentivos para prácticas de corrupción, por lo que consideró necesario revisar las condiciones de competencia entre las empresas que suministran material electoral.
"Yo lo que estoy queriendo impulsar es que realmente se haga una investigación de mercado de cuánto cuesta realmente hacer el material electoral, porque siento que si le entramos a fondo y con pruebas vamos a encontrar que hay sobreprecios irreales", afirmó.
El Diputado informó que la ASF ya inició una investigación forense relacionada con las irregularidades denunciadas públicamente en torno al INE y que, como parte de las diligencias, se han enviado requerimientos de información tanto a autoridades como a particulares.
Detalló que las facultades de investigación que entraron en vigor en mayo permiten a la Auditoría iniciar indagatorias por posibles faltas administrativas sin esperar a que concluya una revisión ordinaria de la Cuenta Pública. Antes de esa modificación, explicó, los procedimientos podían prolongarse hasta tres años antes de llegar a una denuncia administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a una denuncia penal.
Con el esquema vigente, las investigaciones pueden comenzar por denuncias ciudadanas o por iniciativa de la propia Auditoría cuando detecte hechos que ameriten una revisión. Herrera Borunda estimó que la investigación en curso podría ofrecer resultados en aproximadamente seis meses, aunque aclaró que la existencia de sobreprecios deberá acreditarse mediante pruebas y estudios de mercado.
También confirmó que este viernes 30 de octubre comparecerá ante diputados federales el titular del Órgano Interno de Control del INE, en una sesión en la que participarán las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción. La comparecencia fue convocada para las 9:00 horas y se prevé que los grupos parlamentarios participen mediante rondas de preguntas y réplicas para revisar la actuación del órgano encargado de vigilar el funcionamiento interno del instituto electoral.
Ese mismo día está prevista la presentación del auditor superior de la Federación ante los legisladores, con motivo de la entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública, encuentro en el que también podrían abordarse las investigaciones relacionadas con el INE.
"Nosotros de alguna u otra manera somos los vigilantes de los vigilantes. Entonces, básicamente tenemos que cuestionarlos para ver que estén haciendo su labor como se les mandató", expresó.
Sobre la posibilidad de que las investigaciones afecten la organización de las próximas elecciones, Herrera Borunda evitó anticipar consecuencias y señaló que corresponde a las autoridades electorales informar sobre las condiciones operativas.
Indicó que, conforme a las declaraciones públicas de los consejeros electorales, los comicios no se encuentran en riesgo, debido a que todavía no se realiza la licitación del material electoral. El legislador insistió en que el propósito de revisar la contratación de estos insumos debe ser identificar posibles sobreprecios, ampliar la competencia entre proveedores y reducir el costo de las elecciones, independientemente de las empresas o administraciones involucradas.