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Cultura Viva
Universidad Anahuac

Sección: Estado de Veracruz

Pide la CIDH: que se investiguen los asesinatos de 1994, en Ixhuatlán de Madero

- Emite la recomendación a la Fiscalía de Veracruz, en que policías estatales allanaron domicilios y secuestraron a dos campesinos

- A los 4 días fueron localizados los cuerpos a 8 kilómetros de distancia y con huellas de tortura

- Aunque el comunicado no lo especifica, los hechos ocurrieron cuando Miguel Ángel Yunes Linares era secretario de Gobierno

Xalapa, Ver. 08/01/2016

alcalorpolitico.com

En cumplimiento a una recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Fiscalía General del Estado (FGE), antes Procuraduría General de Justicia (PGJ), integra un informe sobre las investigaciones realizadas por las autoridades estatales en torno a los sucesos de violencia y represión ocurridos el 8 de septiembre de 1994 en el poblado de El Encinal, municipio de Ixhuatlán de Madero.

En dichos hechos participaron policías judiciales del estado de Veracruz y fueron asesinados los campesinos Rolando Hernández Hernández y Atanasio Hernández Hernández, de 17 y 28 años de edad, respectivamente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó mediante oficio fechado el 24 de marzo de 2015 a la entonces PGJ, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Democracia, un informe detallado sobre las indagatorias realizadas por las autoridades locales para esclarecer plenamente estos hechos en los que tuvieron responsabilidad servidores públicos.



Los sucesos referidos derivaron de un operativo de seguridad pública ordenado en la localidad de El Encinal por el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo con el Informe y conclusiones del organismo internacional sobre este caso:

“El 8 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 7 de la mañana, un número no determinado de policías judiciales del estado de Veracruz y pistoleros al servicio del ‘cacique’ y expresidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Tranquilino Hernández, llegaron a la comunidad de Plan del Encinal, allanaron las casas, destruyendo cuanto encontraban al paso e hirieron con arma de fuego a Rolando Hernández Hernández y Atanasio Hernández Hernández, a quienes se llevaron amarrados cuando los policías se retiraron de la comunidad.



“El día 12 del mismo mes y año, fueron encontrados los cuerpos de Rolando y Atanasio Hernández Hernández por miembros de la localidad de Cantollano, en el Río Chiflón, ocho kilómetros abajo de donde sucedieron los hechos. Los cuerpos presentaban claras muestras de tortura”.

Tras una larga investigación y documentación del caso, el 5 de mayo de 1998 la CIDH publicó su Informe de Fondo 1/98 el que concluyó: “el Estado mexicano es responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, de conformidad con los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, por los hechos ocurridos el 8 de septiembre de 1994 en la comunidad de Plan del Encinal...”, emitiendo las siguientes recomendaciones:



1. Que complete una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos denunciados y, de conformidad con el resultado de la misma, ejerza las acciones penales correspondientes a fin de someter a un procedimiento judicial a los responsables de los hechos, que hasta la fecha no hayan sido juzgados.

2. Que repare las consecuencias de la violación de los derechos humanos enunciados, incluyendo una indemnización adecuada a los familiares de las víctimas.

3. Que adopte las medidas necesarias para que se dicte a la brevedad posible la legislación reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución mexicana, a fin de hacer efectivas las garantías judiciales y de protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.



La SRE, en seguimiento al caso y en cumplimiento a los convenios internacionales suscritos en la materia, ha solicitado a la PGJ información actualizada respecto de las investigaciones ministeriales iniciadas en relación con ese caso, así como del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH, por lo cual el documento será entregado a la brevedad posible.

El Gobierno de Veracruz refrenda su determinación de proteger, respetar y promover los derechos humanos, en todos los órdenes y todos los ámbitos.