En un punto de acuerdo, en San Lázaro, se exhorta al gobernador de Veracruz a difundir las modificaciones y correcciones anunciadas, el 13 de julio de 2015, respecto al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad, suscrito por los diputados federales Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena
Así, indicaron, “cómo éstas garantizarán el respeto a los derechos fundamentales de los peatones y automovilistas de la entidad”.
“Una mejor cultura ciudadana no se logrará con medidas restrictivas e impositivas que laceren la de por sí lastimada, económicamente, clase media mexicana, que finalmente será la que resulte más afectada en Veracruz con la aplicación de este reglamento”, expresaron.
Los diputados Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez solicitaron “al Gobierno del Estado de Veracruz que en un plazo no mayor de 15 días naturales remita a esta soberanía un informe sobre las modificaciones que se hicieron al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial”.
Los legisladores veracruzanos manifestaron, “no se requiere un gran análisis para saber que los incrementos exagerados que observa este nuevo reglamento provocarán de inmediato un incremento en la corrupción, pues por citar unos ejemplos, por algo tan común como pasarse una luz preventiva, en Veracruz, se pagarán 65 salarios mínimos, es decir 4 mil 438 pesos”.
“No portar llanta auxiliar generará una multa de 15 salarios mínimos, esto es mil 24.20; si no se cuenta con extintor 682.80 o si falta herramienta complementaria 819.36”.
¿Quién puede dudar que en lugar de beneficiar, la aplicación de estas disposiciones generará en todos los órdenes desorden?, se preguntaron
El patrimonio de los veracruzanos
Por otro lado, precisaron los legisladores de Morena, “no obstante que han transcurrido en exceso los 15 días naturales otorgados para que el titular del Ejecutivo estatal rindiera el informe relativo a las modificaciones del Reglamento de Tránsito mencionado, sin que el Congreso haya recibido información alguna al respecto, es oportuno solicitarle nuevamente a dicho funcionario haga públicas las acciones que ha realizado y que anunció servirían para salvaguardar los derechos, la vida y el patrimonio de los veracruzanos”.
“Lo anterior se basa en la preocupación que a diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena han manifestado diversos grupos de veracruzanos debido a las evidentes muestras de inconstitucionalidad que observa el ordenamiento referido”, acotaron.
Recordaron, “el reglamento se expidió en acato de lo ordenado en la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobada por el Congreso local el 26 de abril del año en curso”.
Sin embargo, agregaron, “dadas las limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y tránsito que este reglamento observa, los veracruzanos han manifestado un profundo rechazo al mismo”.
Más adelante, resaltaron, “pero no sólo en materia de derechos humanos se ven afectados los veracruzanos con este ordenamiento, que sería motivo suficiente para su abrogación, sino que está la amenaza latente al patrimonio de los sujetos obligados, ante las sanciones económicas exageradas y lapidarias que contiene”.
Todo ello, precisaron, “son contrarias a la prohibición que dispone el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de multas excesivas”.
Sobre este punto, recodaron, “la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado reiteradamente al emitir criterios que señalan de manera clara la prohibición de multas excesivas”.
Continuaron, “las cuales constituyen el más drástico y radical concepto de sanción económica dentro del derecho represivo, estableciendo claramente que tratándose de ilícitos administrativos éstas quedan prohibidas, de acuerdo con lo que señala el artículo 22 constitucional”.
Por ello, dijeron, “esta prohibición no se acata en el Reglamento de la Ley Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el 16 de junio del año en curso, pues de su texto no se nota que el propósito sea ordenar el tránsito o dar seguridad a los automovilistas y transeúntes, o bien orientar la circulación vial en aras de la movilidad armoniosa y pacífica en Veracruz”.
“Nada de eso se atiende en las disposiciones que integran el ordenamiento en cuestión. Lo que sí se advierte del mismo es una esencia netamente recaudatoria, pues las multas por las infracciones que ahí se establecen fueron incrementadas mil veces en relación con el anterior reglamento”, apuntaron.
Expresaron, “así tenemos que las sanciones que establecía el reglamento de 1988 que se abroga con la expedición del que se cuestiona, integradas en los capítulos I y II del título decimoprimero, señalaba como multas sanciones de 1 a 20 días de salario mínimo, en tanto que el reglamento actual establece en el capítulo III del título decimoctavo, como sanción económica mínima la de 10 días de salario mínimo y máxima la de 350, las que aún podrán incrementarse si se califican como graves, ante una eventual reincidencia”.
Cuyo resultado nada puede asegurarse
En tanto, agregaron, “no es suficiente considerar que contra este reglamento los ciudadanos veracruzanos puedan acudir a la justicia de la unión en busca de amparo. La mayoría de la población a la que afecta no cuenta con los recursos ni con las facilidades para involucrarse en trámites judiciales y administrativos de cuyo resultado nada puede asegurarse”.
Señalaron, “esta soberanía no puede ser indiferente a lo que les duele a los veracruzanos ni a ningún ciudadano mexicano al que se violenten sus derechos humanos. Para Morena es prioritario el respeto a los derechos fundamentales; brindar confianza y certeza jurídica a sus habitantes debe ser una obligación para las autoridades de cualquier estado de la república, generar un ambiente de paz y armonía se requiere en cualquier rincón de nuestro México tan lastimado por la inseguridad, la corrupción y la impunidad”.
El 13 de julio del año en curso, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció modificaciones y correcciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, “las cuales fortalecerían el marco de libertades y responsabilidades”, según dijo. Esto resulta urgente a fin de garantizar los derechos y salvaguardar los bienes que jurídicamente deben ser tutelados por un estado de derecho.