Piden ONGs mantener al margen de la política la fiscalización de los recursos

Tras señalar que la instituciones dedicadas a la fiscalización de los recursos públicos deben permanecer al margen de los partidos políticos, Sergio Rivera, representante de la organización no gubernamental “Contraloría ciudadana para la rendición de cuentas”, dijo que las instancias de fiscalización deben ser autónomas porque hasta hoy no han estado a la altura de las necesidades de la sociedad.

Entrevistado previo a que diera inicio el “Encuentro estatal para articular nuestra acción ciudadana” organizado por la ROCVER, consideró que las instituciones fiscalizadoras como el ORFIS “no han sido tan exitosas porque se requiere que la fiscalización debe estar al margen de la política, debe estar bajo garantías autónomas del estado para que puedan desarrollar su trabajo”.

El miembro de “Contraloría ciudadana” señaló que los convenios legislativos en la materia que llevan a cabo las fracciones de los distintos partidos políticos deben estar presentes dentro de la fiscalización de los recursos públicos, en cambio esto no puede ser con los partidos políticos ya que es mejor que éstos permanezcan al margen.

En el caso de las Contralorías ciudadanas consideró que pueden ser una opción para vigilar los procesos administrativos, sin embargo, tienen sus limitaciones porque no se cuenta con los instrumentos legales para hacerlas valer y obligar a las instituciones a transparentar sus formas de operación.

No obstante indicó que hay experiencias positivas dentro de las Contralorías ciudanas y que han tenido éxito en su labor de fiscalización, como es el caso de Fundar AC. que dio seguimiento a los fondos de Provida, “encontró irregularidades por 30 millones de pesos se pone en aviso a las autoridades y se inicia un proceso administrativo de responsabilidades de servidores públicos e imputaciones de corte penal”.

Asimismo refirió que esperan que las contralorías ciudadanas puedan ser configuradas en el diseño institucional del estado mexicano, a nivel federal, estatal y municipal, de tal manera que se dé cierta valoración a las opiniones o recomendaciones que puedan emitir.