Plan B de Sheinbaum: recortes y más transparencia pero no toca financiamiento a partidos

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Senado su Plan B, una iniciativa que plantea recortes al gasto de autoridades electorales, congresos locales y ayuntamientos, pero sin modificar el financiamiento público de los partidos políticos. La propuesta llega después de que la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo no alcanzó los votos necesarios en la Cámara de Diputados.

A diferencia de ese proyecto, el nuevo planteamiento omite la consulta sobre el financiamiento a partidos y mantiene intactas sus prerrogativas, aunque incorpora medidas de transparencia. “Ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la Ley que se transparente en todos los recursos”, sostuvo Sheinbaum.

El eje de la iniciativa se concentra en establecer límites al gasto del aparato electoral y de los gobiernos locales, así como en fijar reglas para el uso de recursos públicos. “Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que los partidos políticos no deben destinar tantos recursos, no se debe destinar tantos recursos a los partidos. Esto no pasó”, dijo la mandataria.



Recortarían sueldos

El proyecto establece que consejeros del Instituto Nacional Electoral, así como altos funcionarios del propio organismo, de los organismos públicos locales electorales y de tribunales electorales estatales, no podrán percibir ingresos superiores a los de la Presidencia de la República.

Además, plantea eliminar prestaciones adicionales para esos cargos, como bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros ingresos extraordinarios. “Se trata de poner un tope a las remuneraciones del INE de los consejeros y no solamente los consejeros, sino de los altos funcionarios”, explicó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.



No quita prerrogativas

En materia de partidos, la iniciativa no modifica el esquema de financiamiento público, pero establece mecanismos de control sobre el uso de los recursos. Entre ellos, propone que las fuerzas políticas reporten en tiempo real sus operaciones financieras mediante un sistema bancarizado.

También contempla que el INE pueda firmar convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda para revisar el origen de los recursos en campañas.



“El INE podrá firmar un convenio con la UIF, con Secretaría de Hacienda, y en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación de una campaña”, señaló Rodríguez.

El documento prohíbe el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable, así como el financiamiento del extranjero y las aportaciones en efectivo. Asimismo, obliga a transparentar las remuneraciones de las dirigencias partidistas y fija un tope equivalente a mil 500 Unidades de Medida y Actualización.

En el ámbito local, la iniciativa establece un límite presupuestal para los congresos estatales equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto total de cada entidad. Los congresos que superen ese porcentaje deberán ajustarse, mientras que los que estén por debajo no podrán incrementarlo en términos reales.



Para los ayuntamientos, propone reducir el número de regidores a un rango de entre 7 y 15, de acuerdo con la población, y limitar a una sindicatura por Cabildo.

“El planteamiento es que de acuerdo a la población del municipio vaya de 7 a 15 y que ningún regidor, ningún presidente municipal pueda ganar más ni se puede asignar bonos ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal más allá de su salario”, afirmó.

Los recursos derivados de estos ajustes deberán destinarse a obras de infraestructura pública en estados y municipios.



La propuesta incluye también una reducción progresiva del gasto en el Senado, con un ajuste que podría alcanzar hasta 15 por ciento.

En los procedimientos electorales, plantea que los cómputos de las elecciones federales y locales inicien al concluir la jornada electoral, con la llegada del primer paquete, y no días después.

“En ese instante empieza el cómputo. ¿Qué objetivo tiene? Evitar que haya cualquier manipulación en esos 2 días o 3 días”, explicó la titular de Gobernación.



El proyecto mantiene la figura de la revocación de mandato, pero propone que se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo de cuándo sea solicitada.

“Se propone la realización el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028”, indicó.