Plan de vacunación contra COVID, improvisado y basado en lógica electoral

De acuerdo con un informe recientemente publicado por Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República, la ambigüedad inicial de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 y los múltiples cambios evidencian un problema de planeación, dado que no se consideraron el aprendizaje y los conocimientos de la Secretaría de Salud de campañas previas.

En ese sentido, retoma la opinión del Instituto Mexicano para la Competitividad y refiere que la experiencia de nuestro país en campañas de vacunación “debería permitir estructurar una política nacional acorde con las necesidades del país, pues, aunque en su diseño participa la Secretaría de Salud que escucha la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, cuya conformación plural le debería de dar una visión amplia de la realidad, la realidad indica que desde el inicio se ha improvisado y el plan de vacunación se ha basado bajo una lógica político-electoral”.



“Por ejemplo, en ninguna parte del plan rector se contemplaba la inmunización de maestros en Campeche que comenzó en enero de 2021, y la conformación de las brigadas de vacunación incorpora a los denominados ‘servidores de la nación’ que en las elecciones de 2018 promovieron el voto a favor del partido gobernante”.

Cabe mencionar que el documento rector de la estrategia nacional de vacunación es la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, el cual ha sido actualizado en seis ocasiones desde su presentación el 8 de diciembre de 2020 —la última el 11 de mayo de 2021—, y en su versión más reciente incorpora un apartado correspondiente al marco legal que sustenta la Política Nacional de Vacunación, desde la Constitución hasta los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El informe elaborado por Ernesto David Orozco Rivera, La Política Nacional de Vacunación contra la COVID-19: avances y desafíos, Temas Estratégicos No. 90, refiere que, en ediciones previas, distintos juristas expresaron su preocupación por el hecho de que la estrategia podría resultar inconstitucional toda vez que, inicialmente, se desconocía si se trataba de un acuerdo, un decreto o una determinación adoptada por el Consejo de Salubridad General o la Secretaria de Salud, puesto que no había sido publicada en el DOF como lo mandatan los artículos 37 y 48 de la Ley del Diario Oficial de la Federación.



Lo anterior, especifica, repercutiría directamente en la validez jurídica de la campaña de vacunación “porque para acreditar su existencia legal se requería certidumbre sobre las consecuencias jurídicas que se producirían frente a las autoridades o terceros involucrados, así como para evitar actuaciones arbitrarias o caprichosas”.



“Esto se exacerbó el 8 de enero de 2021 cuando se publicó en el DOF un acuerdo de la Secretaría de Salud para dar a conocer la Política Nacional de Vacunación en el sitio web: www.coronavirus.gob.mx, dado que no está contemplado en la ley remitir a una página de internet que podía ser modificada o editada, minando así la seguridad jurídica y reduciéndola prácticamente a un orden verbal y discrecional por parte de las autoridades sanitarias.

Asimismo, recuerda que especialistas legales también expresaron su consternación por el hecho de que el parámetro de los grupos de edad no se encuentra jurídicamente justificado, pues se limita a señalar que la priorización de grupos poblacionales se realizará con las características asociadas con un mayor riesgo de morir por COVID-19, para así construir el esquema de etapas, por lo que la campaña de vacunación tiene efectos de restricción del derecho a la salud.



Por su parte, la inclusión de los denominados ‘servidores de la nación’ en las brigadas del Operativo Correcaminos ha sido polémica, pues distintas voces argumentan que son coordinadas tanto por servidores públicos como por simpatizantes del partido oficial. “Al decir de especialistas jurídicos, esta dualidad o confusión no se aclara explícitamente en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación, lo que podría comprometer el artículo 134 constitucional que establece la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos o insumos sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos”, todo esto bajo el contexto del proceso electoral federal que se realizó el pasado 6 de junio.

Orozco Rivera señala que las recomendaciones del grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 en México no han sido seguidas al pie de la letra por el gobierno federal, como lo evidencia la decisión de vacunar a los maestros de las entidades federativas en semáforo verde y amarillo para agilizar el regreso a clases presenciales.



“Al respecto, algunos organismos de la sociedad civil han señalado que se han subordinado los criterios científicos a los políticos, que se ha privilegiado la compra de vacunas de menor costo a pesar de tener una efectividad más baja, que se pretende tener el control político de la campaña de vacunación y que, en todo momento, se ha improvisado al no existir una sólida planeación”.

Respecto a los avances de la vacunación, el documento refiere que, al 18 de mayo de 2021, la Secretaría de Salud reportó que prácticamente la totalidad del personal de salud ha sido vacunada (99%), tres cuartas partes de los adultos mayores (74%) y 15% de las personas contempladas durante la fase 3 recién iniciada en mayo.

“Algunas estimaciones internacionales calculan que, al ritmo que ha ido avanzando la vacunación en México, se podría inmunizar al 70% de la población hasta el 10 de julio de 2022. La plataforma COVIDVAX traza esos pronósticos con base en los datos disponibles al 18 de mayo que calculan que en México se suministran 4.32 vacunas por segundo o 373,304 dosis por día, lo que equivale a 19.3 dosis por cada 100 habitantes.



Al comparar la cifra anterior con respecto a los otros paises del Continente Americano, vemos que Chile, Estados Unidos, Uruguay y Canadá son los más avanzados con 88.5, 82.39, 70.38 y 51.52 dosis aplicadas por cada 100 habitantes, respectivamente, mientras que México se encuentra por encima de países como Colombia (15.17), Bolivia (9.48) y Ecuador (8.97), pero por debajo de naciones como Brasil (25.92) y Argentina (22.98). En el fondo de la lista se encuentran Honduras (1.15) y Venezuela (1.11).

“La lentitud en con la que ha avanzado a nivel nacional la vacunación en el país retrasará la reactivación de las actividades económicas y sociales, además de que podrían suscitarse nuevos rebrotes en algunas entidades federativas. En ese sentido, es importante resaltar que se ha registrado en el país la presencia de nuevas variantes de COVID-19 (como la brasileña e inglesa, por ejemplo), por lo que en caso de que la campaña de vacunación continúe avanzando al ritmo que lo ha hecho, existe el riesgo de que el virus se replique y mute, haciendo inefectivas las vacunas”.

Para finalizar, el especialista espera que, con el arribo de nuevas vacunas que requieren un manejo menos estricto que la de Pfizer/Biontech, pueda aumentar la cantidad de dosis diarias aplicadas y avanzar en el cumplimiento de las metas de vacunación establecidas.