Plantea Adrián Ávila crear la Procuraduría de Protección a las Personas Mayores

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Veracruz registra un aumento significativo en el número de personas adultas mayores y, por consecuencia, un incremento sostenido de casos de violencia patrimonial, familiar, abandono, maltrato físico y psicológico, negligencia, discriminación y exclusión social en contra de ese sector de la población.

Ese crecimiento demográfico no sólo implica un aumento en la demanda de servicios, sino también la obligación del Estado de garantizar condiciones de vida dignas, libres de violencia y con pleno acceso a la justicia.

Al respecto, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Sigfrido Ávila Estrada, señaló que la vejez se debe disfrutar, no padecer. “Nuestra población cada vez se va avejentando, está creciendo más el nicho de los adultos mayores (...) habrá que revertirlo, eso es otro tema, pero hay que defender a los adultos mayores”.

Por ello, propuso una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Mayores y a la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social para crear la Procuraduría de Protección a las Personas Mayores. Agregó que es momento de que Veracruz cuente con una institución especializada que coloque en el centro la dignidad, la autonomía, la seguridad y el bienestar de quienes han dado tanto al Estado.

La creación de dicha Procuraduría no sólo responde a un mandato jurídico y doctrinal, sino también a una exigencia social y ética.

Con ello, Veracruz se colocaría a la vanguardia nacional en la construcción de instituciones especializadas para la defensa de las personas mayores, para cumplir con los estándares internacionales y responder a las necesidades sociales de un grupo poblacional que demanda atención urgente, especializada y digna.

De aprobarse su creación, tendrá por objeto proteger, promover y defender los derechos humanos, sociales y asistenciales de las personas mayores, para garantizar su acceso a la justicia, a la atención integral y a una vida libre de violencia. Asimismo, contará con personal especializado, como gerontólogos, abogados, psicólogos y trabajadores sociales. La Procuraduría de Protección a las Personas Mayores dependería de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, que está a cargo de un Procurador Estatal.

Tendría la siguiente estructura: Departamento de Atención y Orientación Legal, Departamento de Investigación y Seguimiento, Departamento de Protección y Bienestar Social, Departamento de Educación y Prevención, y Procuradurías Municipales de Protección a las Personas Mayores.

Entre sus atribuciones destacan recibir, tramitar y resolver quejas, denuncias y solicitudes de personas mayores en situación de vulnerabilidad; investigar casos de maltrato, abuso o violencia psicológica, física, patrimonial, económica, institucional, sexual o familiar, así como negligencia o discriminación; y representar jurídicamente a las personas mayores ante cualquier autoridad.

El Legislador resaltó la pertinencia de contar con una instancia especializada que atienda, defienda y dé seguimiento a los casos de abandono, maltrato, discriminación y otras vulneraciones de los derechos de los adultos mayores.